El alcalde de O Grove cree que hay más falsos candidatos del PP

El número de candidatos de O Grove que fueron incluidos como voluntarios en las listas del PP en el País Vasco sin su consentimiento podría superar los nueve que ya se dan como seguros en medios oficiales, todos ellos sin filiación política. Así lo avanzó ayer el alcalde de la localidad, José Cacabelos, que ha encargado al concejal de personal, Xoán Lamelas, la instrucción de una investigación interna para saber quién facilitó las identidades de los candidatos.

El alcalde de O Grove trata de averiguar si el responsable de facilitar las identidades de los falsos voluntarios en las listas del PP del País Vasco está adscrito a alguno de los servicios municipales, lo cual que supondría un quebrantamiento de la Ley de Protección de Datos y un hecho punible establecido en el Código Penal. "Tenemos sospechas de que hay más gente envuelta en esta manipulación pero creemos que el PP está presionando para que callen, porque ellos saben que esto es un auténtico escándalo político", declaró el alcalde.

"Por encima de las responsabilidades políticas está la vida de unos ciudadanos que tenemos la obligación de proteger y que unos cuantos irresponsables han puesto en peligro con esta chapuza al incluirles en unas listas electorales que están amenazadas por la banda terrorista ETA. Por eso es, sin duda, el hecho más grave que hayamos podido ver en política y de nuestra democracia", subrayó Cacabelos.

El alcalde grovense cree que ya tendrían que empezar a dimitir algunos responsables políticos. "Están tardando mucho las dimisiones que tienen que producirse cuanto antes y que a mi entender tendría que ser la del presidente local del partido, Miguel Ángel Pérez, y la del presidente provincial, Rafael Louzán. Mientras, Rajoy y Núñez descansan tan tranquilos, como si no fuesen responsables indirectos de esta vergonzosa manipulación".

Las primeras sospechas se centran en los servicios dependientes de Protección Civil del ayuntamiento donde trabajan 15 funcionarios, tres de ellos fijos; los restantes se incorporaron como temporales una semana antes de tomar posesión el actual gobierno tripartito por decisión del ex alcalde saliente, el popular Miguel Ángel Pérez. Al menos cuatro de los afectados guardan relación con el Grupo Municipal de Intervención Rápida (Grumir).

Por el momento se han presentado las denuncias de dos mujeres, ajenas al Partido Popular, una de ellas adscrita al Grumir. La declaración judicial de ambas podría precipitar el interrogatorio en cadena de políticos y funcionarios municipales. El concejal de Izquierda Unida, Xoán Lamelas, encargado de investigar si los datos salieron o no del ayuntamiento, se reunió ayer con los cuatro funcionarios afectados en un primer contacto que se centró en ofrecerles apoyo y asesoramiento jurídico en el supuesto de que formulen una acusación conjunta.