Tercera grieta en la Ley del Libro

En su reciente artículo de opinión La rendija, el escritor y editor Enrique Murillo expresaba su inquietud ante un punto débil detectado en la nueva Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas: la excepción, en el establecimiento de un precio fijo para los libros, del material didáctico para educación primaria y secundaria. Unos días después, el editor y consultor Rafael Martínez Alés se lamentaba en Elegía por el ISBN de la amenaza de desaparición de este indicador bibliográfico universal tras su nueva reglamentación en la misma ley.

No son las únicas grietas de las que adolece esta normativa, pues se puede nombrar otra aún más injusta: me refiero a la aplicación de una remuneración económica por cada préstamo realizado en las bibliotecas públicas, gravando, con la falsa excusa de los derechos de autor (ya satisfechos en la compra), el derecho constitucional al libre acceso al conocimiento. No hace falta insistir en el daño que dicho canon produciría en la calidad del servicio bibliotecario. Lo saben las decenas de miles de lectores y escritores de toda Europa (entre ellos, hace muy poco, Noam Chomsky) que ya han firmado en contra de la Directiva 2006/115/CE por la que se ha llegado a este absurdo.

Asegurar que las bibliotecas, como decía Murillo de las librerías, sigan siendo "la vida misma del libro, el único futuro posible para la existencia de literatura, del pensamiento", depende de un solo gesto unánime por parte de la ciudadanía: "No al préstamo de pago".