Sanidad pagará 155.000 euros por una operación "innecesaria"

El Ministerio de Sanidad y Consumo deberá pagar 155.000 euros a los herederos de

Alejandro García, un paciente que falleció el 17 de septiembre de 1995 en el hospital Gregorio Marañón tras una intervención abdominal innecesaria tras un "diagnóstico erróneo" que le produjo lesiones que le ocasionaron la muerte.

El Tribunal Supremo considera "evidente" que la Administración tuvo una actuación "anómala", informa Europa Press.

La sentencia del Tribunal Supremo estima el recurso de casación presentado por el hijo del fallecido -que contaba con 76 años en el momento de la operación- contra la negativa de la Audiencia Nacional de declarar la responsabilidad patrimonial de la administración en la muerte de este paciente.

En la resolución, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Supremo considera que la operación quirúrgica "no fue justificada" por un error en el diagnóstico. La sentencia impugnada recoge que el hombre ingresó el 2 de agosto de 1995 en el Gregorio Marañón con molestias en el abdomen, diagnosticándole un adenocarcinoma ulcerado de mediano grado de madurez.

Diagnóstico erróneo

Los médicos del Gregorio Marañón le intervinieron el 8 de septiembre, por considerar que era el tratamiento más adecuado al diagnóstico que posteriormente resultó ser erróneo. En el transcurso de la operación, los cirujanos decidieron extirpar el bazo a causa de un sangrado. A las 48 horas, los médicos le detectaron una pancreatitis, por lo que tuvieron que operarle nuevamente el día 12. Finalmente, su estado se agravó y falleció por esa misma dolencia el 17 de ese mes.

En relación a la intervención quirúrgica, los magistrados inciden en que al paciente se le extirpó un segmento de páncreas "sin justificación alguna". Y esto, dicen, es muy probable que "pudiera tener relación con la existencia de la pancreatitis" que originó su muerte.

De este modo, el Aalto tribunal concluye que Alejandro García "falleció después de ser objeto de una intervención quirúrgica innecesaria y a consecuencia de una pancreatitis".

Según el fallo, no existió "el adecuado consentimiento informado" y se procedió sobre "la base de un diagnóstico erróneo a la practica de la intervención".