Contra el ruido en la playa

La contaminación acústica es uno de los problemas que más daño hace a la calidad de vida en España. Desde hace años colectivos sociales y vecinos han mostrado su rechazo al ruido. Y las administraciones se han hecho eco de estas protestas en algunas ocasiones. Una de las iniciativas más significativas en este sentido ha sido la tomada por el Ayuntamiento de Lepe (Huelva), que ha emitido un bando en el que prohíbe en la playa de La Antilla el trabajo en la construcción que genere ruidos antes de las diez de la mañana. El Ayuntamiento busca con esta medida "compatibilizar la actividad turística con la construcción en La Antilla".

La alcaldesa accidental del municipio, Josefa Cristo, explica en el bando que el objetivo principal es "ordenar el conflicto de intereses que puede producirse entre los usos turísticos y la actividad de la construcción, por lo que se establecen unas medidas horarias con vigencia durante la temporada estival y hasta el 15 de septiembre". En el bando se insiste en prohibir, en la playa de La Antilla y aledaños de establecimientos hoteleros del núcleo de Lepe, "la realización de toda actividad generadora de ruidos procedentes de obras que resulten molestos para los conjuntos residenciales e instalaciones hoteleras, incluyendo el pilotaje y movimiento de tierras". Así, se especifica que "el resto de las actividades derivadas de la construcción deberán desarrollarse en horario comprendido de 10.00 a 15.00 y de 18.00 a 21.00 horas".

Tribunal Supremo

Y en esta lucha contra la contaminación acústica el Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), que fue condenado por permitir unas concentraciones de motos, coincidiendo con las carreras en el circuito de Jerez, cuyo ruido "intolerable" vulnera el derecho de los vecinos a la salud. Los denunciantes informaron de que el alto tribunal no ha admitido a trámite el recurso municipal, por una cuestión formal al no ser competencia de ninguna normativa de ámbito estatal, y ha condenado al Consistorio a pagar las costas de esta apelación.

De esta manera, se ha convertido en firme la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que en 2005 condenó al Ayuntamiento a pagar al vecino afectado 769 euros, equivalente a los 167 euros que le costó la pensión durante los días de concentración de motos frente a su casa y otros 602 euros por los daños morales sufridos. Estas cantidades se verán incrementadas en el interés legal por el tiempo transcurrido, añadieron las fuentes.