El Tribunal Supremo de Pakistán repone al magistrado que destituyó Musharraf

El Tribunal Supremo de Pakistán revocó ayer la destitución de su presidente, el juez Iftikhar Mohamed Chaudhry, y desestimó todas las acusaciones presentadas contra él. La decisión, por 10 votos a favor y 3 en contra, supone un nuevo golpe para el jefe del Estado, el general Pervez Musharraf, quien le suspendió el pasado 9 de marzo alegando "conducta inapropiada" y "abuso de poder". La suspensión del magistrado había provodado intesas protestas. Musharraf hizo saber enseguida que aceptaba la decisión del Supremo.

Desde la destitución de Chaudhry, las protestas de abogados y partidos de la oposición han desencadenado un movimiento en favor de la devolución del poder a los civiles, que se une al creciente desafío de los fundamentalistas islámicos.

"La acusación ha sido desestimada y el presidente del Tribunal Supremo ha sido restituido en su cargo", anunció ayer el juez Khalil-ur-Rehman Ramday. De inmediato, abogados, periodistas y otros simpatizantes de Chaudhry, que esperaban el veredicto desde cinco horas antes, estallaron en vivas de alegría a las puertas del tribunal. A continuación se dirigieron al domicilio del juez coreando "Vete, Musharraf, vete". El eslogan, que se ha convertido en el marchamo del movimiento prodemocracia, también resonó en las principales ciudades del país donde los abogados celebraron el fallo.

"Estamos hartos del Gobierno militar y esto significa que hay más posibilidades de que volvamos a tener pronto un Gobierno civil", explicó Waheed, un estudiante de Relaciones Internacionales que celebraba la sentencia. "Su restitución es una victoria para todo el país", declaró el jefe del equipo de abogados de Chaudhry, Aitzaa Ahsan. "No es el momento de hablar de victoria o derrota", señaló por su parte el primer ministro, Shaukat Aziz, "han prevalecido la Constitución y la ley, como debe ser". Musharraf hizo saber enseguida, a través de su portavoz, que aceptaba y respetaba la decisión del Supremo, pero para probar su sinceridad aún tiene que anunciar la fecha de las elecciones que le reclama un amplio abanico de la sociedad paquistaní, desde los partidos liberales hasta los islamistas.

Como recordaba Ayaz Amir en un artículo publicado ayer en Dawn, el juicio no era sólo sobre el destino del juez, sino sobre si Pakistán "va a ser gobernado por el poder de las armas o por el poder de la ley". Más allá de los detalles jurídicos, existe la convicción generalizada de que la sentencia hace más difícil para Musharraf permanecer al frente del Gobierno sin renunciar al uniforme, como exige la Constitución, o buscar su reelección sin convocar antes elecciones parlamentarias.

Antes de su destitución, Chaudhry dio a entender que la Carta Magna no permite que el jefe del Estado saliente reciba el aval parlamentario antes de las legislativas y recordó que también exige que abandone la jefatura del Ejército antes de que concluya 2007. Musharraf sigue manteniendo la ambigüedad. De ahí que las acusaciones que el Gobierno presentó contra el juez fueran recibidas con escepticismo y desataran una oleada de protestas por todo el país.Aunque el magistrado ha evitado criticar directamente al general Musharraf, sus llamamientos a que acaben las interferencias políticas en el poder judicial le han convertido en un símbolo de la oposición al Gobierno militar.

Al mismo tiempo, descendía la popularidad del jefe del Estado, que alcanzó cotas mínimas cuando en mayo respaldó la actuación de sus aliados en Karachi, responsables de los violentos enfrentamientos contra los seguidores del juez que dejaron 40 muertos, y sólo ha empeorado tras el asalto a la Mezquita Roja de Islamabad.