El Gobierno aplaza a septiembre el Pacto por la Vivienda ante la falta de consenso

Después de tres días de infarto, el Gobierno catalán tiró ayer la toalla y decidió aplazar hasta septiembre la firma del Pacto por la Vivienda, prevista para el día 25. La razón, según Presidencia, es la falta de tiempo para lograr consenso en un texto que busca la suma de todos los agentes del sector inmobiliario para atajar el problema de la vivienda. Las mismas fuentes rechazaron que el aplazamiento se deba a las presiones de los promotores sobre la ley que se está tramitando en el Parlament, mientras que el consejero Francesc Baltasar siguió negándose a dar explicaciones.

El pasado miércoles a primera hora de la mañana el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, que dirige Francesc Baltasar, envió por correo electrónico el tercer borrador de un pacto cuya principal baza es impulsar la construcción de 160.000 viviendas protegidas y movilizar suelo para un total de 400.000 en los próximos 10 años. El primero de los borradores se había hecho público en abril y el segundo a mediados de junio. En cada nueva versión se incorporaban aportaciones de colegios profesionales, sindicatos, cooperativas que promueven viviendas de protección, partidos de la oposición, asociaciones de consumidores y vecinos, etcétera.

El departamento presentó la versión de esta semana -más completa que las anteriores ya que incluía anexos sobre fiscalidad, suelo e inversiones- como "la tercera y última" y expresó en una nota su intención de firmarla "el próximo miércoles, 25 de julio". El mismo mensaje de correo electrónico advertía de que los responsables del departamento "no harán declaraciones hasta el día de la firma".

La reacción de los agentes invitados a firmar no fue tan optimista como la nota oficial. Algunos interlocutores, como el Colegio de Arquitectos de Cataluña y el Colegio de Arquitectos Técnicos y Aparejadores, y los sindicatos CC OO y UGT, manifestaron que no tenían tiempo para poner en marcha sus órganos internos de decisión para dar el visto bueno o rechazar el texto. Otros, como la misma UGT, la Asociación de Promotores y Constructores (APCE) y CiU, cada uno con sus argumentos, no daban el tira y afloja por cerrado. Seguían rechazando o echando de menos aspectos del pacto, algunos de los cuales han tachado desde el primer día de "irrenunciables". Además, prácticamente todos los interlocutores criticaron la prisa del Gobierno en firmar, calificando la actitud del departamento de, cuanto menos, "precipitada".

Dos textos: pacto y ley

La cuestión de fondo de este culebrón es que al tiempo que se está negociando el texto del Pacto por la Vivienda se está discutiendo también en el Parlament la Ley por el Derecho a la Vivienda. Al tratarse de un texto de rango superior, y dado que el pacto hace constantes referencias a la ley, no pocos interlocutores han expresado sus reticencias a firmar un texto cuando el más trascendente no está cerrado. Es el caso de los promotores y de CiU.

Precisamente la patronal de los promotores es la que en mayores aprietos ha puesto al Gobierno durante esta semana. El miércoles APCE manifestó su negativa a firmar el pacto si no se modifica el artículo 18.3 del proyecto de ley, que prevé que se destine el 20% de las promociones de más de 2.000 metros cuadrados de techo en suelo consolidado a vivienda protegida. CiU también sitúa en parte el foco de su crítica en este artículo, además de cuestionar el plazo de 90 años protección de los pisos sociales.

El jueves hubo gabinete de crisis en Medio Ambiente y Vivienda y a última hora los promotores hicieron público que el acuerdo estaba "muy cerca". ¿Qué negociaron? ¿Consiguieron arrimar el agua a su molino en la ley? Mutis de los propios empresarios. Y mutis, ya lo advirtió, de Baltasar.

El último capítulo, el de ayer, finalizó de nuevo con un "continuará". "No tiene que ver con los promotores, nos han allanado el camino", aseguraban desde Presidencia. "Lo dejamos para septiembre, ya no viene de 48 horas", zanjaban.