Los abusos que no llegarán a juicio

A Jaime, el sacerdote de su parroquia le daba alcohol antes de abusar de él. Por eso le ha costado tanto recordar y denunciar lo que sufrió cuando tenía 13 años. Rita fue violada por un sacerdote que después llamó a siete más para que también abusaran de ella cuando era niña. Embarazada, fue enviada a Filipinas a dejar allí el bebé con la orden de no hablar nunca de lo ocurrido.

Cuando lo contaba en confesión, le decían que era culpa suya. Testimonios como éstos son los que ha evitado oír en público la archidiócesis de Los Ángeles mediante el pago de 660 millones de dólares (478 millones de euros) en la que es ya la mayor indemnización para cerrar demandas de abusos sexuales, 508, cometidos por sacerdotes y religiosos.

El cardenal Richard Mahony, que dirige la fe de los 4,3 millones de católicos en la principal archidiócesis de Estados Unidos, orquestó personalmente una trama de encubrimiento con el traslado de parroquia de los sacerdotes implicados. Con el acuerdo evita ser llamado a declarar en el juicio que debería haber comenzado el lunes. Unas horas antes, Mahony firmó el cheque con la indemnización. Pero ese acuerdo incluye también el acceso a los documentos de la archidiócesis sobre los sacerdotes implicados, y la fiscalía de Los Ángeles tiene margen para perseguir ante los tribunales una acusación penada con severidad: la ocultación de un delito. Entre los documentos hay cartas de traslado, denuncias de víctimas, quejas e informes internos. Mahony conoció algunas denuncias y aún así dejó a sacerdotes al frente de parroquias y en contacto con niños durante más de una década.

Jaime Romo creció sumido en la pobreza pero acabó doctorándose y es experto en pedagogía. Tiene ahora 47 años. Rita Milla, de 44 años, nació en California de padre hondureño y madre mexicana. Los dos colaboran con SNAP, una organización que ayuda a las víctimas a denunciar abusos sexuales de sacerdotes.