LAB ve 'cómplices políticos' en el fraude de Irún

El secretario general del sindicato LAB, Rafa Díez Usabiaga, manifestó ayer que la presunta estafa millonaria en la Hacienda de Irún no puede quedar reducido a un entramado "familiar" dirigido por "los [hermanos José María y Víctor] Bravo, sino que forma parte de "una red muy amplia, organizada y con muchas complicidades personales, administrativas y políticas".

Díez afirmó que la central abertzale, con su personación como acción popular en el procedimiento judicial, pretende evitar que este caso "se cierre en falso" o se limite a "buscar un cabeza de turco y se pase página rápidamente". El líder de LAB aseguró que los cargos del PNV que estuvieron al frente de la Diputación guipuzcoana desde la década de los 90 hasta 2004, periodo en el que supuestamente se produjo el fraude, tuvieron una actitud de "dejar hacer" y "un cierto grado de complicidad" con la red dirigida por Jose María Bravo, ex director de la oficina tributaria de Irún. A su juicio, los responsables políticos de la Diputación sólo hicieron "levantar la alfombra y volverla a poner en su sitio para que no les salpicara".

Díez constató que los controles "fallaron" en la Hacienda guipuzcoana, en la que se realizaron nombramientos que "incumplía la Ley de Función Pública", en alusión a personas que ocupaban cargos de responsabilidad para los que no tenía la cualificación profesional legalmente exigida. También expresó su asombro porque "un simple repartidor de donuts sea hoy un multimillonario", en alusión al ex senador del PNV Víctor Bravo.

Los nombramientos irregulares, según este sindicato, permitieron situar en el organigrama de Recaudación a personas en "puestos estratégicos" para que la red dirigida por Bravo pudiera funcionar. Esta estructura, añadió, hizo posible el cobro de deudas fiscales para el enriquecimiento personal de unas personas y, también, que algunos procesos de liquidación de empresas que tenían deudas con el fisco se convirtieran en "auténticos pelotazos urbanísticos". Y citó los casos de Alfa, en Eibar, y el de Contadores en la capital guipuzcoana.

Díez, que no se atrevió a cuantificar el volumen económico de la estafa, anunció que LAB está recibiendo abundante información anónima que va a utilizar en la investigación judicial de este caso. En otoño podría convocar movilizaciones de portesta.