El Gobierno anuncia una nueva normativa de Función Pública el mismo día en que se aprueba su reforma

El conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, anunció ayer en el Parlamento la creación la semana que viene de una comisión de expertos de reconocido prestigio con la misión de elaborar una nueva Lei da Función Pública adaptada al nuevo estatuto de los empleados públicos recientemente aprobado en el Congreso de los Diputados.

Méndez anunció la creación de la comisión al término del debate final de la 16ª reforma de la ley de la Función Pública que tramita el Parlamento de Galicia desde la aprobación de la norma original, en el año 1988. Un debate en el que el conselleiro subrayó la urgente necesidad de "despolitizar" el personal al servicio de la Administración, en la que el Gobierno del PP dejó "1,134 puestos de libre designación, aproximadamente el 5% del empleo público gallego" si se excluyen la enseñanza y la sanidad.

La reforma de la ley salió adelante con el voto favorable del PSdeG y del BNG y el rechazo del Partido Popular a pesar de que 21 de las 39 enmiendas incorporadas al texto eran suyas. El portavoz del PP, Antonio Rodríguez Miranda, justificó su oposición al proyecto alegando que lo que hacía falta no era una reforma sino una nueva ley. El texto sometido a votación, afirmó, es confuso y no resuelve los problemas. A diferencia de lo que señala el conselleiro, aseguró, politiza la función pública porque "blinda" 860 cargos de libre designación nombrados por el actual Gobierno a través de un concurso específico.

Méndez negó esta acusación y defendió el recurso a un concurso oposición para acceder a la función pública, un procedimiento que acaban de avalar, recordó, las organizaciones sindicales y que respeta al máximo la igualdad de oportunidades.

Tanto la portavoz socialista, Beatriz Sestayo, como el representante del BNG, Pablo González Mariñas, descalificaron las motivaciones del PP para votar en contra de la reforma. Ambos recordaron que si el PP quisiera una nueva ley debería haber aprovechado las oportunidades que tuvo durante 16 años de gobierno, en vez de tramitar hasta 15 reformas sucesivas de la norma aprobada en el Parlamento en el año 1988. La nueva ley, aseguraron, servirá para profesionalizar la Administración.