Media hora de mordiscos

Remedios, la madre de Ángel Barba González, habla siempre de su hijo como "el niño". El niño es en realidad un hombre con un cuerpo de 29 años pero una edad mental de un bebé de seis meses. Ángel tiene el síndrome de Lennox-Gastaut, una enfermedad que comenzó con ataques epilépticos cuando era un bebé y derivó en una parálisis cerebral. Tiene un 90% de incapacidad. Con seis años, Ángel abrió la boca y dijo algo parecido a "papapapa...". Y no volvió a hablar. Se volvió inexpresivo: no gritaba ni lloraba.

"¡Pero sí que andaba, sin aparatos ni nada! Estiradito, muy bien", recuerda su madre. Remedios lo tuvo a su cargo hasta los 19 años. Ella y su marido, un militar que murió hace 10 años, se turnaban para cuidar del chico. Luego, Remedios enviudó y ya no pudo sola con él, porque en casa Ángel toqueteaba y jugaba con todo, con la inconsciencia de un niño. Remedios le ingresó en la residencia San Martín, en Sevilla La Nueva, un centro de la asociación Ande concertado con la Consejería de Servicios Sociales. Allí residen unos 50 discapacitados intelectuales cuya edad mental no supera los tres años.

"Parecía un monstruo", recuerda de aquella noche de pesadilla la madre del paciente

La familia de la víctima no sabe si la agresora sigue ingresada en el mismo centro

Remedios observaba que de cuando en cuando el joven tenía algún que otro moratón, hasta que la madrugada del 20 de enero de 2003 las pequeñas lesiones se transformaron en algo mucho más grave. Ese día, otra interna le agredió a mordiscos, arañazos y golpes sin que ninguno de los trabajadores del centro -dos en el turno de noche- se dieran cuenta de lo ocurrido. "Cuando le vi me asusté muchísimo, ¡es que parecía un monstruo, con toda la cara destrozada y las dos orejas vendadas!", cuenta su madre, que aún se emociona tres años y medio después de esa noche de pesadilla. "Estaba destrozado, la persona que lo agredió estuvo ensañándose por lo menos media hora sin que nadie lo evitase", añadió.

Remedios, que trabaja como auxiliar administrativo en el hospital Clínico San Carlos, denunció lo ocurrido a través de la organización El Defensor del Paciente. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado una sentencia que obliga al Gobierno regional a indemnizar con 29.762 euros a la familia del disminuido psíquico por no tener suficiente personal en la residencia y por dejación de funciones.

La sentencia obliga a pagar a la Consejería de Sanidad, porque El Defensor del Paciente denunció a esta consejería en vez de a la de Servicios Sociales. Una portavoz de Sanidad explicó que los servicios jurídicos de la administración no habían recibido aún la documentación y que hasta que no analicen la sentencia no van a determinar si la recurren o no.

Ángel recibió al menos siete mordiscos en cara y espalda y varios golpes y arañazos en riñones y piernas. La otra interna, supuestamente esquizofrénica, le arrancó de un mordisco parte de una oreja. El informe médico de la Fundación Hospital Alcorcón señaló en su momento que el joven presentaba "múltiples lesiones en la región lumbar, compatibles con mordeduras y arañazos en la espalda, cara y hematomas en hombro clavícula".

Las plazas en residencias para disminuidos psíquicos son gratuitas en la Comunidad de Madrid. En la región -con datos de 2006-, hay 10 residencias públicas; 60 concertadas y 40 pisos tutelados. En total, 4.863 plazas, de las que el 85% son de gestión privada, denuncian los sindicatos. "Como en toda la política de servicios sociales del Gobierno regional, las plazas públicas disminuyen en beneficio de las privadas", critican Ana González, desde CC OO, y Carmen López, de UGT.

La falta de personal en la residencia San Martín es un hecho que se repite en otros centros de la Comunidad de Madrid. La ley de 2002 de Ordenación de la Actividad de los Centros y Servicios de Acción Social de la región obliga a las residencias madrileñas a tener 0,6 trabajadores por cada plaza, pero la realidad es que faltan cuidadores. Por ejemplo, en el centro de San Martín, para 45 enfermos, el día de la agresión a Ángel sólo había dos trabajadores en el turno de noche. "Nunca hemos sabido cuántos cuidadores tenían durante el día, cuando lo preguntábamos nos daban evasivas", afirmó Remedios, que salvo la agresión, no tiene quejas de la residencia.

Una portavoz de la Consejería de Servicios Sociales aseguró que en las residencias para disminuidos psíquicos la ratio es de "un trabajador por cada tres plazas" y en los centros para disminuidos físicos, "un cuidador por cada enfermo". "Es una de las ratios más altas de España, a las que hay que añadir los médicos y fisioterapeutas que trabajan en estas residencias", agregó dicha portavoz. Además, tan sólo nueve inspectores vigilan estos centros, según los sindicatos, y son los mismos que se encargan de controlar otros servicios sociales como las residencias de ancianos. El Gobierno regional eleva a 25 el número de trabajadores dedicados a esta tarea.

Cuatro años después, Ángel sigue ingresado en la residencia donde fue agredido. Su madre asegura que no ha tenido otra opción: "Cuando pasó lo que pasó pedí plaza en otro centro, pero nunca me lo dieron". Ella nunca ha sabido quién fue la interna que le agredió. Tampoco sabe si sigue ingresada en la residencia San Martín de Sevilla La Nueva.