La Generalitat reclama al Constitucional un pleno sobre la "incoherencia" del PP

El Gobierno de Cataluña va a intentar forzar un pleno del Tribunal Constitucional en el que se debata la "incoherencia" y "doble vara de medir" del PP. Lo hará aprovechando que el tribunal ha incorporado al expediente sobre el recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Estatuto catalán un escrito de la Abogacía del Estado que denuncia que los populares recurrieron artículos de ese estatuto que después apoyaron en el Estatuto de Andalucía. El PP acusó ayer al Gobierno de hacer un uso "partidista" de la Abogacía del Estado para intentar retrasar el fallo.

El consejero de Relaciones Institucionales del Gobierno catalán, Joan Saura, calificó de "magnífica noticia" la actuación de la Abogacía del Estado. Otro alto cargo del Gobierno manifestó que existe la "voluntad política" de forzar al PP a explicar sus "incoherencias" y al Constitucional a debatir sobre ellas, aunque aún no han decidido cómo lo harán. El Gobierno catalán no puede, obviamente, obligar al tribunal a debatir nada, pero sí puede contestar al escrito de la Abogacía -que fue remitido a las partes- mostrando su respaldo y reclamando una deliberación de los magistrados sobre su contenido. Después, será el tribunal quien decida si efectivamente dedica una sesión a debatir sobre eso o no.

Responsables próximos al presidente catalán, José Montilla, recordaron ayer que, cuando el PP recurrió el Estatut, las alegaciones que presentó la Generalitat ya destacaban las numerosas coincidencias entre ese Estatuto y los de Andalucía, Canarias y la Comunidad Valenciana. Por eso, consideran que la Abogacía del Estado -dependiente del Ejecutivo central- les da ahora la razón y refuerza sus tesis.

El consejero de vicepresidencia de la Generalitat, Josep Lluís Carod Rovira, exigió de nuevo al partido presidido por Mariano Rajoy que retire el recurso sobre el Estatut y avanzó que "la Generalitat no se quedará sentada esperando a que el Constitucional decida el futuro de Cataluña".

Otros dirigentes creen que también el Parlamento catalán se personará para instar al PP a dar explicaciones. Los letrados del Parlament ya han recibido el escrito de la Abogacía del Estado y ayer deliberaban sobre posibles alegaciones. En cualquier caso, fuentes del Parlament dieron por "seguro" que la actuación de la Abogacía obligará a abrir un periodo de alegaciones con el consiguiente retraso en las deliberaciones en torno a la constitucionalidad del Estatuto. "No habrá sentencia antes de las elecciones", confían estas fuentes.

La providencia dictada por el Tribunal Constitucional el pasado jueves acuerda "unir a las actuaciones [sobre el recurso del PP contra el Estatuto de Cataluña] el escrito presentado por el Abogado del Estado el 22 de junio de 2007, y hacer entrega de copia del mismo a las partes personadas, sin más trámite". Es decir, el tribunal no pide a las partes -el PP y la Generalitat- que respondan a ese escrito o den explicaciones, pero tampoco lo archiva o se lo devuelve a la Abogacía. El texto del Abogado del Estado pone en evidencia que una treintena de los 114 artículos del Estatuto catalán impugnados por el PP se repiten prácticamente calcados en el Estatuto andaluz, aprobado con el apoyo del PP.

La providencia fue dictada con siete votos a favor y cuatro en contra. Dos de los magistrados que se opusieron -Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata, del sector conservador- estaban tan radicalmente en contra que pidieron emitir un voto particular. Éste reza: "La petición del Abogado del Estado debió ser repelida de plano, tanto por ser procesalmente extravagante como por posibilitar una nueva dilación, indebida ya en este momento, dada la trascendencia de las cuestiones que plantea el recurso contra el Estatuto".

"Un escrito político"

La secretaria de Política Autonómica del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, se negó a explicar por qué el PP ha apoyado en Andalucía 28 artículos iguales a otros que ha impugnado en Cataluña, pero acusó al Gobierno de hacer un "uso partidista de la Abogacía del Estado" por el "miedo" que tiene a la futura resolución del Constitucional sobre el Estatuto catalán.

La denuncia de la Abogacía sobre la supuesta incoherencia de los populares es "un escrito político en un recurso jurídico", según Sáenz de Santamaría. Por eso, dijo, el tribunal "lo archiva, dando la razón al PP". También el vicepresidente del Constitucional, Guillermo Jiménez, del sector conservador, afirmó que el escrito del Abogado del Estado "se comunica a las demás partes y se archiva sin más trámite".

Sin embargo, según el texto de la providencia, el tribunal no ha archivado el escrito, sino que ha acordado "unirlo a las actuaciones" sobre el Estatuto. De hecho, los magistrados rechazaron tanto "repeler de plano" el texto (como pedían García-Calvo y Rodríguez-Zapata) como reclamar a las partes que respondan a él, fórmula que también se debatió y se desestimó. Al final optaron por algo intermedio: incorporarlo al expediente y dar copia a las partes.