El penúltimo capítulo de un proceso plagado de incidentes

Siete recursos de inconstitucionalidad que hay que resolver uno a uno, miles de folios de alegaciones, recusaciones cruzadas contra magistrados de uno y otro signo político... Balance: más de 70 providencias y autos en menos de un año, pero ningún fallo definitivo aún sobre si el texto es o no constitucional. El Estatuto de Cataluña, aprobado en julio de 2006 e impugnado por el PP ese mismo mes, ha generado una auténtica batalla política en el seno del Tribunal Constitucional. Las deliberaciones jurídicas sobre el fondo de la cuestión -si el texto vulnera la Carta Magna al atribuirse competencias excesivas- están siendo ensombrecidas por el ruido de la guerra partidista.

"A los trámites propios de los recursos de inconstitucionalidad se ha unido esta vez un sinfín de incidentes de carácter procesal", alegan fuentes del tribunal para justificar el retraso. Sólo para el recurso del PP, por ejemplo, existen más de 2.000 páginas de alegaciones. Aunque lo que más tiempo ha llevado, aseguran desde el tribunal, no es eso, sino las cuatro recusaciones contra magistrados, de las cuales sólo prosperó la del PP contra el progresista Pablo Pérez Tremps.

Los magistrados tienen sobre la mesa siete recursos distintos: los presentados por el PP, el Defensor del Pueblo y las comunidades de Valencia, Baleares, Murcia, La Rioja y Aragón (esta última con gobierno del PSOE). El tribunal los examinará por ese orden, uno detrás de otro. Se ha negado a acumularlos en una única deliberación porque el primero, el del PP, sólo lo estudiarán 11 de los 12 magistrados, al haber sido apartado Pérez Tremps. Este magistrado sí puede participar en las deliberaciones sobre los seis recursos restantes; por eso los debates deben ser sucesivos.

Montilla advierte

Todo ese embrollo procesal previo a las deliberaciones ha eclipsado la cuestión principal: qué ocurrirá si el Tribunal resuelve finalmente que el Estatuto de Cataluña es -total o parcialmente- inconstitucional. El presidente de la Generalitat, el socialista José Montilla, ya ha dicho que, si el fallo le es desfavorable, su Gobierno tomará "medidas" para seguir aplicando el Estatuto a pesar de lo que digan los jueces.

"El camino fijado por las instituciones, las fuerzas políticas y el pueblo de Cataluña sigue siendo el que trazaron, y encontraremos la manera de seguirlo", dijo Montilla en marzo, antes de advertir -sin precisar más- que la Generalitat no se quedaría "de brazos cruzados" si el Constitucional da la razón al PP y se la quita a él.

La relación de fuerzas en el Tribunal es de seis magistrados del sector conservador frente a seis del progresista, pero en los debates sobre el recurso del PP la ausencia de Pérez Tremps deja en minoría a estos últimos.