La policía desmonta una trama de tráfico de oro con la detención de 35 joyeros

La segunda fase de la Operación Fénix se ha saldado con 35 joyeros detenidos, la mayoría en Córdoba. Se ha desarticulado una red que importaba oro y lo vendía eludiendo a Hacienda. La operación arrancó en noviembre de 2006 con el arresto de 23 personas, entre las que estaban los urdidores de la trama. Los últimos detenidos son los mayoristas y fabricantes que supuestamente se beneficiaban de las operaciones ilícitas. En total, Hacienda calcula que se han defraudado 154 millones. Diez de los detenidos pasaron a disposición judicial y quedaron en libertad con cargos.

A los implicados se les imputan delitos fiscales, contables y de blanqueo de dinero

Con los 35 joyeros arrestados el jueves, la Operación Fénix se salda por el momento con 58 detenidos a los que se les acusa de estafar presuntamente a Hacienda en la compra y venta de oro. El entramado luego vendía aparentemente ese oro a una serie de sociedades, que en realidad eran empresas fantasma. Pero los verdaderos destinatarios de la mercancía eran mayoristas y fabricantes de joyas, casi todos radicados en Córdoba.

Las últimas 35 detenciones corresponden al eslabón más bajo de la red: pequeños y medianos joyeros que supuestamente se han beneficiado de ese oro.

El recorrido del entramado, que presuntamente comenzó a defraudar en 2003, comenzaba en Suiza. Allí se adquiría el oro fino de 999,9 milésimas que luego se introducía en España como inversión y no como materia prima para la fabricación de joyas. Una directiva de la Unión Europea de octubre de 1998 establece que el metal precioso que se adquiera como inversión está exento del pago de ese impuesto.

La siguiente escala del entramado era Barcelona, donde hay un pujante mercado de oro y plata. Allí está radicada Recuperaciones y Afinaciones S. L., a la que los investigadores sitúan en el centro de la red. Esta sociedad vendía a su vez la mercancía a otras empresas, que en realidad eran pantallas que tenían al frente a testaferros insolventes. En esas transacciones el metal seguía figurando como una inversión.

Pero los compradores reales eran mayoristas y fabricantes de alhajas que no figuraban en facturas ni registros. A su vez, estos empresarios vendían la mercancía o la empleaban para elaborar joyas con una materia prima adquirida a un coste muy por debajo del precio de mercado.

En total, la Agencia Tributaria estima que se han podido defraudar unos 154 millones de euros gracias al escamoteo del IVA, del Impuesto sobre Sociedades y del IRPF. Además, también se le imputa a la red los delitos de falsedad en documento mercantil, delito contable y blanqueo de capitales.

La Operación Fénix arrancó en octubre de 2005, cuando los inspectores de la Agencia Tributaria de Barcelona y Córdoba detectaron irregularidades. Pero los investigadores policiales no practicaron las primeras detenciones hasta noviembre de 2006, tras pinchar los teléfonos de los integrantes de la red.

Se arrestó entonces a 23 personas (14 en Córdoba, seis en Barcelona y dos más en Jaén y Málaga) y se efectuaron 14 registros domiciliarios. Se intervinieron entonces 70 kilogramos de metales y piedras preciosas, cuatro vehículos de alta gama, 62 inmuebles y fincas rústicas en diversas provincias españolas, obras de arte y cuentas bancarias, fondos de inversión y activos financieros por un valor aproximado de cuatro millones de euros.

Entre los que cayeron en aquella primera fase están los presuntos urdidores de la trama, a los que José Francisco Yarza, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Córdoba, ha ido interrogando y poniendo en libertad con cargos.

Según las fuentes consultadas, en esos interrogatorios y en las investigaciones posteriores aparecieron más nombres de empresarios que presuntamente se habrían beneficiado de la estafa. Los agentes judiciales apoyaron sus pesquisas en los pinchazos telefónicos realizados entre enero y octubre de 2006. Finalmente, el pasado jueves fueron detenidos 35 pequeños y medianos joyeros más. Treinta de ellos en Córdoba y el resto en Málaga, Cáceres y Sevilla. No se descarta que se produzcan nuevos arrestos.

Desde el jueves los últimos detenidos están pasando a disposición judicial. No se prevé que los interrogatorios del juez concluyan hasta este domingo, debido a la gran cantidad de joyeros implicados. En un principio se les imputan delitos fiscales, contables y de blanqueo de dinero, al igual que al resto de la trama. La defensa de uno de los implicados, que sostuvo ayer que la contabilidad de su cliente está en regla, detalló como los interrogatorios policiales se centraron en averiguar dónde y cómo había adquirido el empresario algunas partidas de oro.

Diez de los últimos joyeros arrestados han sido ya puestos en libertad con cargos, sin fianza y, en algunos casos, con medidas cautelares patrimoniales. Tras la segunda fase de la operación la policía ha bloqueado cuentas corrientes de 17 entidades bancarias, con un saldo global que supera el millón de euros, y se han requisado 150 inmuebles y fincas, en su mayoría situadas en la provincia de Córdoba.

La alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), no quiso ayer "establecer ningún juicio de valor" sobre la operación. La regidora apostó por "dejar trabajar" a los ámbitos judicial y policial. Según indicó Aguilar, "es mejor esperar" a que se conozcan más detalles de la operación.