La Audiencia Nacional se inhibe en la pugna entre jueces por los contactos con ETA

El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió ayer por unanimidad no pronunciarse sobre la controversia entre los jueces Juan del Olmo y Baltasar Garzón a propósito de la tramitación de una comisión rogatoria solicitada por la juez antiterrorista francesa Laurence Le Vert, por entender que ya no tiene sentido hacerlo.

El hecho de que el juez Del Olmo remitiera el miércoles los datos sobre los titulares y tráfico de llamadas de unos 200 teléfonos al parecer relacionados de alguna manera con dos llamadas efectuadas por los etarras Jon Iurrebaso y Kepa Suárez, el primero de ellos integrante del aparato de interlocución de la banda terrorista, ha cerrado el asunto, puesto que la reclamación de Garzón por ese asunto ha quedado sin contenido.

Así lo han entendido los 17 magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia, que, además, han señalado que técnicamente la reclamación de Garzón no se trataba de una cuestión de competencia entre jueces, sino un problema de interpretación de las normas de reparto de la Audiencia.

Por ello, los magistrados entienden que para lo sucesivo, situaciones similares deben ser resueltas por el juez decano de la Audiencia, Ismael Moreno. Y si alguno de los jueces no estuviera de acuerdo con la decisión que adoptase el decano, cabría interponer recurso de alzada ante el pleno del Consejo General del Poder Judicial.

Comisión rogatoria

Del Olmo, sin embargo, no se ha pronunciado todavía sobre la reclamación efectuada por Garzón, a instancias de la fiscalía, sobre las diligencias previas abiertas a raíz de la comisión rogatoria francesa y que se refiere a delitos de falsificación de placas de matrícula, sustracción de vehículos y falsedad documental.

Estas conductas realizadas en España sí constituyen delito que puede y debe ser perseguido por los jueces de la Audiencia Nacional, pero no el intervenir en contactos con una banda terrorista, como ya estableció el Tribunal Supremo a raíz de los contactos de Josep Lluís Carod-Rovira con Josu Ternera.

No obstante, antes de cualquier otro pronunciamiento, deberá ser Del Olmo el que decida si le hace caso al fiscal y remite el caso a Garzón o por el contrario prefiere ser él mismo el que tramite el caso mencionado.

Únicamente después de que Del Olmo responda y sólo si decidiera declararse competente y rechazar la petición formulada por Garzón, el juez decano tendría que pronunciarse sobre a cuál de los jueces le corresponde el conocimiento de esta nueva investigación.