Problema de credibilidad

Tengo curiosidad por ver cómo pone fin Javier Arenas al culebrón del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat valenciana contra el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Es verdad que no ha sido Francisco Camps el primer presidente de comunidad autónoma que recurre ante el Tribunal Constitucional la reforma estatutaria andaluza, ya que, como es sabido, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, a propuesta de su entonces presidente, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, se le adelantó hace unas semanas. Pero no lo es menos, que para Manuel Chaves el recurso interpuesto por su colega extremeño no representa desde un punto de vista político ningún problema, mientras que para Javier Arenas el recurso interpuesto por su colega valenciano sí lo es.

El PSOE tiene una trayectoria tan clara, tan inequívoca, en lo que a la reforma de los Estatutos de Autonomía se refiere, que no necesita gastar ni un minuto para convencer a la opinión pública de que el recurso promovido por Rodríguez Ibarra es una anécdota sin trascendencia. Es ciertamente una incoherencia, pero una incoherencia menor, que, además, viniendo de quien viene, ya no causa ni sorpresa. De cara a las próximas elecciones autonómicas, el coste del recurso extremeño es nulo para el PSOE.

Al PP le ocurre lo contrario. Su trayectoria en todo lo relativo a las reformas estatutarias no ha podido ser más incoherente. En especial en lo que a la reforma andaluza se refiere, ya que, como es sabido, el PP se estuvo oponiendo hasta el final, tanto en el Parlamento de Andalucía como en las Cortes Generales, a la tramitación de la reforma andaluza y se incorporó, porque no tuvo más remedio, en el último minuto. Incluso en la campaña del referéndum de ratificación de la reforma pidió el sí con la boca pequeña, como no dejaron de observar los ciudadanos andaluces, de acuerdo con los estudios de opinión que se hicieron públicos tras los pobres resultados del referéndum.

Dicho en pocas palabras: el PSOE tiene una gran credibilidad entre los ciudadanos andaluces en lo que a la reforma del Estatuto se refiere, mientras que el PP tiene muy poca. En consecuencia, para el PSOE no es un problema ni político ni electoral que haya recursos interpuestos contra la reforma ante el Tribunal Constitucional, mientras que para el PP sí lo es.

Sobre todo porque pone en cuestión la existencia de un liderazgo aceptado a nivel nacional. Que Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en el momento de su despedida, propicie la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma estatutaria andaluza, no pone en cuestión ni el liderazgo de José Luis Rodríguez Zapatero en el socialismo español ni el de Manuel Chaves en el socialismo andaluz.

Que Francisco Camps, tras haber ganado unas elecciones por mayoría absoluta en una comunidad como la valenciana, mucho más significativa desde todos los puntos de vista que la comunidad extremeña, quiebre la línea política del PP en un tema tan espinoso para la derecha española y andaluza, como es la reforma estatutaria, con el recuerdo del 28-F que se reaviva inevitablemente, sí plantea el problema de si hay alguien que realmente manda con autoridad en el PP. Y eso sí puede tener un peso electoral no desdeñable.

Por eso he empezado esta columna diciendo que tengo mucha curiosidad por ver cómo sale Javier Arenas del lío en que le ha metido su colega valenciano. No creo que el presidente de la Junta de Andalucía tenga que hacer ningún tipo de gestión. Lo que se está recurriendo por la Generalitat valenciana es una ley orgánica aprobada por las Cortes Generales y refrendada por el pueblo andaluz. Allá el presidente valenciano y su partido con su iniciativa. El presidente andaluz lo único que puede y debe hacer es comunicarle a su homólogo levantino que se ha equivocado y que cuanto más pronto rectifique mejor, pero que si no lo hace, será su problema y el de sus colegas andaluces.