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Detenidos los propietarios de nueve casas ilegales en la trama urbanística de Chiclana

La operación contra la especulación en el municipio gaditano suma ya 24 implicados

La Guardia Civil ha detenido a nueve personas más dentro de la operación Obra Nueva, que persigue una trama dedicada a la certificación de documentos falsos de construcción para evitar la demolición de casas ilegales en la localidad gaditana de Chiclana. Los últimos arrestados son todos propietarios de viviendas irregulares a los que se les imputa haber estafado a entidades bancarias por solicitar hipotecas con estos certificados falsos o delitos de falsedad documentos al solicitar declaración de obra nueva con documentos de antigüedad también modificados irregularmente. Con estas detenciones, son ya 24 los implicados en esta operación contra la especulación urbanística en Chiclana.

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Hasta ayer habían trascendido los arrestos de tasadores, abogados, agentes inmobiliarios, aparejadores y arquitectos que habían participado en esta trama para falsificar certificados de obras de nueva construcción. En esos documentos se manipulaba la fecha en la que se habían levantado las viviendas para que aparecieran más antiguas de lo que realmente eran.

De esta forma, al aparecer con una antigüedad superior a los cuatro años, el delito urbanístico había prescrito y esos terrenos se convertían en legalizables con lo que se conseguía al mismo tiempo su revalorización.

Junto a los profesionales que habían participado activamente en la falsificación de documentos públicos, los agentes del Instituto Armado investigaban también el papel de los propietarios de esas viviendas ilegales para comprobar si habían sido víctimas del engaño o cómplices en todo el operativo delictivo.

Esas indagaciones han acabado, de momento, con nueve detenidos en los dos últimos días, siete hombres y dos mujeres, todos propietarios de estas viviendas. A siete de ellos se les imputa un delito de estafa a entidades financieras por solicitar créditos hipotecarios presentado informes de tasación falseados para la obtención de ese préstamo sobre inmuebles diferentes a los que realmente estaban hipotecando. Las otras dos personas detenidas solicitaron declaración de obra nueva mediante certificados de antigüedad falseados.

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Dispositivo abierto

Con estos arrestos, la operación Obra Nueva suma 21 detenidos y otros tres imputados, por delitos de falsedad de documento público y privado, estafa y contra la ordenación del territorio. El dispositivo, según la Guardia Civil, sigue abierto y no se descartan detenciones en las próximas horas.

Estos métodos para tratar de legalizar viviendas irregulares mediante certificados falsos no son nuevos. El Ayuntamiento de Chiclana los lleva detectando y denunciando desde 1999, cuando gobernaba el PSOE. Hasta ahora, a pesar de que la fiscalía remitió en 2002 una denuncia similar a la recogida en la operación Obra Nueva, no se ha conocido sentencia condenatoria. Uno de los arquitectos denunciados entonces aparece también implicado en esta última investigación de la Guardia Civil. El Consistorio chiclanero remitió el pasado año un queja ante la dirección del registro de la propiedad para tratar de evitar estas prácticas, que tampoco surtió efecto.

La operación Obra Nueva ha coincidido con el reciente cambio de gobierno en Chiclana. Ahora en el Ayuntamiento manda un cuatripartito formado por PP, IU, PA y PSA. El concejal de Urbanismo, José Pedro Butrón, afirmó ayer que la "presunta preocupación" del anterior equipo socialista no se ha visto reflejado en el mantenimiento de los medios para luchar contra el descontrol urbanístico.

De hecho, Butrón mantiene que ahora hay menos dispositivos que en 1990. "Si ya detectaron estas prácticas hace ocho años, deberían haber puesto más medidas para evitarlas, no recortarlas y mirar para otro lado".

El PSOE mantiene, en cambio, que la Gerencia de Urbanismo y el Área de Disciplina Urbanística funcionaban correctamente, como se comprueba en los numerosos expedientes enviados a la fiscalía con denuncias de irregularidades urbanísticas sobre casas ilegales y certificados falsos, aunque éstas no acabaran finalmente en medidas judiciales para acabar con ellas.

Mientras, el parlamentario andaluz de IU por la provincia de Cádiz, Ignacio García, afirmó ayer que la operación Obra Nueva "no va a quedarse sólo en Chiclana, porque es un método que se venía utilizando habitualmente, por ejemplo en El Puerto de Santa María, por lo que es de extrañar que se extienda a otras poblaciones", informa Europa Press.

García señaló que en El Puerto de Santa María ""está denunciado y hubo una comisión de viviendas ilegales que detectó exactamente lo que ahora está apareciendo" en Chiclana. El dirigente de IU manifestó que "es una cosa que excede el urbanismo, un delito puro y duro" y añadió que "es incomprensible que un profesional falsifique un informe".

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