El nuevo negocio de la decrepitud

Se ha cerrado el círculo. Todo empezó con esas ayudas exageradas a la adquisición de vivienda, unidas a los bajos tipos de interés. La concesión de dinero en forma de deducciones fiscales no podía sino empujar al alza los precios en ese sector. Mayor demanda especulativa, mayor necesidad de inmigrantes para construir pisos horrendos. Mientras, los jóvenes autóctonos se veían sin futuro y decidían no procrear. Nuestros gobernantes callaban, y les importaba una higa la aparente esterilidad de sus hijos. Ahora, de repente, se han dado cuenta de que... No, no de que se dejaron llevar por la codicia, sino de que se están haciendo viejos. Acabado el boom del ladrillo -un ingenioso mecanismo de obtención de descomunales plusvalías por el que los inmigrantes, al comprar o alquilar el fruto de su trabajo, acaban comiéndose su propio cemento, en aras de un crecimiento económico que se supone que a todos beneficia-, llega el principio del boom de la asistencia a esos ancianos que impidieron que sus hijos tuvieran hijos. La Ley de Dependencia consagra el mismo mecanismo de dilapidación del dinero público que supone la desgravación indiscriminada por compra de vivienda. Miles de buitres están ya frotándose las manos, sabedores de que el dinero que el Estado va a invertir para aplicar esa ley irá a parar directamente a su bolsillo, al igual que las ayudas a la vivienda, vía encarecimiento de los pisos, han ido y siguen yendo a parar a las cuentas bancarias de todo tipo de especuladores.

Y mientras los ciudadanos, encandilados por la gesticulación política del momento, no reparan en que hace ya tiempo que el Gobierno de este país -de derechas o de izquierdas, tanto da-, falto de competencias, de ganas de recuperarlas y del par de elementos que hay que tener para subir los impuestos cuanto sea necesario para asumir él mismo las obligaciones propias del Estado asistencial, decidió resolverlo todo tirando de billetera, como un chulo de barrio.