Oña responsabiliza a una empleada municipal del contrato que investiga el TSJA

La diputada y alcaldesa de Fuengirola, Esperanza Oña (PP), declaró ayer como imputada de un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Oña está acusada de haber contratado publicidad con una agencia del director de la televisión municipal, José Manuel Díaz, empleado público que tuvo además una relación con la regidora. La diputada responsabilizó a la consejera delegada de la televisión municipal de la decisión de que Díaz pudiera compatibilizar su cargo y a la vez facturar al Ayuntamiento.

Esperanza Oña admitió ayer ante el alto tribunal andaluz que firmó "ciertas facturas" emitidas por las empresas de Díaz porque los concejales "estaban ausentes", a pesar de que fueron los ediles quienes habían realizado dichos encargos. La querella de la Fiscalía del TSJA imputa de prevaricación a los miembros del equipo de gobierno, además de acusar de tráfico de influencias al director de la televisión, José Manuel Díaz. La diputada declaró por su condición de aforada ante la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJA, presidida ayer por el magistrado Jerónimo Garvín, pero a su salida evitó a los periodistas con una sonrisa.

La regidora popular declaró que no le constaba haber cometido "ninguna ilegalidad", y achacó a la consejera delegada de la televisión municipal en 2002, Ana María Mula, la autorización para que Díaz dirigiera el ente público y a la vez ese año su empresa GAP Producciones facturara al Ayuntamiento 97.000 euros por contratos de publicidad.

Más tarde, una segunda agencia a nombre de la ex mujer de Díaz, Comunicación Integral Andaluza (CIA), cobró más de 107.000 euros al consistorio por trabajos publicitarios. Oña reconoció ayer que dicha compatibilidad, denunciada por el PSOE, nunca fue aprobada por el pleno municipal tal y como estipula la ley.

Por su parte, el juez ha solicitado al Ayuntamiento de Fuengirola el certificado del nombramiento de José Manuel Díaz como director de Fuengirola Televisión y del carácter y titularidad de dicha sociedad, de capital íntegramente municipal. El magistrado ha pedido también al consistorio un certificado sobre todos los contratos suscritos entre el Ayuntamiento y las agencias GAP Producciones Cine Vídeo y Televisión Publicidad y CIA.

Informe de la Fiscalía

Tras la presentación de la querella por parte del PSOE contra Oña y Díaz, la Fiscalía del TSJA emitió un informe en el que censura la duplicidad ejercida por el director de la televisión municipal que facturó más de 200.000 euros al propio ente público: "Existen elementos indiciarios suficientes para sostener que tras producirse el nombramiento de José Manuel Díaz Calderón como director de la empresa municipal Fuengirola Televisión S. A. en el año 2002 ha tenido una relevante relación comercial con el Ayuntamiento de Fuengirola mediante la prestación de servicios audiovisuales directamente relacionados con su función como director de la televisión municipal".

Para el ministerio público ello "constituye una vulneración" de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y de la normativa sobre incompatibilidades. El fiscal ha considerado que las contrataciones "pueden rebasar la mera ilegalidad administrativa para integrarse en el ámbito penal como delitos continuados de prevaricación y tráfico de influencias sin que pueda descartarse la participación de la persona aforada". Oña es diputada en el Parlamento autonómico, donde ejerce como portavoz del PP.

El PP, con mayoría absoluta en Fuengirola, votó el pasado 10 de mayo en un pleno a favor de crear una comisión de investigación sobre estas contrataciones. Pero ésta no se llegó a reunir ni una sola vez y su vigencia se extinguió con el cambio de corporación. En dicho pleno, Oña leyó informes jurídicos que certifican que "se cumplió escrupulosamente la ley" y que no existía incompatibilidad porque se trataba de trabajos artísticos que están fuera de las estipulaciones de la ley de contratos de las administraciones públicas. El portavoz del PSOE acusó entonces a la alcaldesa de "favorecer a su amigo" con contratos millonarios y de mentir en sus explicaciones. Tras las sesiones iniciadas ayer en el TSJA, será el magistrado Garvín quien dictamine al respecto.