Tres jueces y un caso

Nada menos que tres jueces, y no dos, como es lo habitual en las disputas judiciales por un asunto, han pugnado por quedarse para sí la investigación de la identidad de los contactos telefónicos correspondientes a supuestos abonados españoles encontrados en poder de los dos etarras detenidos por la policía francesa el pasado 29 de marzo, uno de ellos supuesto negociador por parte de ETA en el llamado "proceso de paz" con el Gobierno. La juez antiterrorista francesa Laurence Le Vert solicitó a la Audiencia Nacional, mediante la correspondiente comisión rogatoria, la identidad de esos contactos telefónicos para unirla a las diligencias abiertas a los etarras en Francia, pero de momento la investigación está paralizada hasta determinar a qué juez de la Audiencia Nacional -Garzón, Del Olmo o incluso Grande-Marlaska- corresponde llevarla a cabo.

Tanto interés por quedarse con el caso puede ser un índice de la importancia atribuida al asunto, pero también de la curiosidad que suscita. Tampoco cabe descartar que sea producto de personalismos y celos profesionales, a la orden del día en la Audiencia Nacional por su acusada proyección mediática, y del increíble desconocimiento que sus seis jueces centrales de instrucción suelen tener de los asuntos que tramitan entre ellos. En todo este embrollo, que deberá desenmarañar al parecer la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, existe un dato previo que habría despejado las dificultades si se hubiera tenido en cuenta en su momento: había un procedimiento penal abierto hace tiempo por el juez Garzón contra uno de los dos etarras detenidos en Francia y aunque la justicia francesa estaba informada de ello, no estaban, según parece, sus colegas españoles de la Audiencia Nacional.

Una regla básica de competencia judicial es que corresponde al magistrado que lleva un asunto investigar todo lo relacionado con él. De haber sabido el juez Grande-Marlaska, de guardia cuando llegó a la Audiencia Nacional la petición de la juez Le Vert, que su colega Garzón tenía abierta una causa penal contra los etarras detenidos en Francia, seguramente no habría intentado cumplimentarla por su cuenta, en un intento de quedarse con el asunto. Y tampoco el juez decano de la Audiencia habría dado lugar, de haberlo sabido, a que la solicitud de la juez francesa recayera por reparto en Del Olmo, contribuyendo a enmarañar más el caso.

Si ya choca que los jueces de la Audiencia Nacional mantengan entre ellos un muro profesional, resulta incomprensible que el juez decano desconozca los asuntos que tramitan. Un control informático de esos asuntos haría funcionar mejor ese tribunal y evitaría disputas absurdas como la que hoy enfrenta a Garzón y Del Olmo por un asunto que, de momento, es competencia de la justicia francesa.