Tres jueces se disputan el caso de los contactos Gobierno-ETA

La Audiencia Nacional anda revuelta a cuenta de la investigación de los supuestos contactos de ETA con el Gobierno. Tres jueces han pretendido dirigir la causa en algún momento desde que el 29 de marzo la policía francesa detuviera a dos etarras, uno de los cuales aseguró que pertenecía al aparato de interlocución de la banda con el Ejecutivo español. Fernando Grande-Marlaska aprovechó una guardia para abrir diligencias e iniciar la investigación. El caso cayó, por reparto, en manos de Juan del Olmo. Pero Baltasar Garzón, que tenía procesado a uno de los etarras detenidos, ha pedido a Del Olmo, a instancias de la fiscalía, que se inhiba en su favor.

El etarra Jon Iurrebaso pertenecía supuestamente al aparato de interlocución de ETA con el Gobierno, y así se lo hizo saber a los policías franceses que le detuvieron, a quienes entregó números de teléfonos supuestamente vinculados a las administraciones de España y Francia.

La juez antiterrorista francesa Laurence le Vert envió una comisión rogatoria a la Audiencia Nacional para averiguar la identidad de los usuarios de los teléfonos facilitados por los etarras. La instrucción de ese caso se ha convertido ahora en motivo de disputa entre jueces, hasta el punto de que el magistrado Juan del Olmo llegó a hacer una consulta oficial a la juez Le Vert sobre a quién correspondía el caso.

Mientras tanto, el Partido Popular insiste en exigir cada día al Gobierno español que entregue las actas de los contactos mantenidos con los etarras para el fin dialogado de la violencia.