El juez militar archiva el caso del espionaje a civiles en Ceuta sin aclarar lo sucedido

La justicia militar parece tener prisa en dar carpetazo al escándalo del espionaje a civiles por parte del Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Ceuta. En un único auto, dictado el 20 de junio, el titular del Juzgado Togado Militar Central número 1 de Madrid decide asumir la competencia para investigar el caso, que instruía un juez de Ceuta; devuelve al Ejército más de 800 folios del sumario, sin desvelar su contenido, y archiva los 13 restantes, sobre el espionaje al líder local de CC OO, con el argumento de que no hay delito ni falta disciplinaria.

El abogado de Juan Luis Aróstegui, el sindicalista investigado por la Segunda Sección del Estado Mayor de la Comandancia de Ceuta, ya ha apelado contra el archivo de las actuaciones y su recurso ha sido admitido a trámite, por lo que el Tribunal Militar Central tendrá que pronunciarse.

El secretario general de Comisiones Obreras de Ceuta alega "indefensión" ya que, aunque está personado en la causa como perjudicado, el juez se ha negado a darle acceso a la mayor parte del sumario, por lo que desconoce el alcance de la investigación.

El juez no se basa en que las diligencias sean secretas, sino en que la jurisdicción militar no admite la acusación popular, sino sólo la particular; y eso se traduce, a su juicio, en que Aróstegui sólo tiene derecho a conocer los 13 folios en los que se cita a su sindicato o a él personalmente.

Buena parte del auto lo dedica el juez a criticar al ex jefe militar de Ceuta Luis Gómez-Hortigüela, quien pasó a la reserva a principios de junio, por haberle remitido "más de 800 folios, que contienen todas las órdenes de información que se han tramitado en la Comandancia General de Ceuta a lo largo de los últimos cinco años, por si acaso pudiera haber en todo ello algún tipo de irregularidad o algún mando se hubiera extralimitado; pobre, o más bien nula argumentación jurídica".

"Tal escrito", insiste, "no puede considerarse como una denuncia o un parte militar de la comisión de un delito; lo que se está diciendo al juez es: busque entre todo lo que le mando y, si encuentra algo anormal, instruya".

En base a esta argumentación, el juez se limita a devolver los 800 folios a la Comandancia de Ceuta, sin decir una sola palabra sobre su contenido, y se explaya en cambio sobre los 13 folios que afectan a Aróstegui.

Explica que éstos se refieren al accidente laboral de un inmigrante irregular en el Centro Cultural de los Ejércitos; a la participación de trabajadores del Hospital Militar en la manifestación del Primero de Mayo de 2002; y al incidente protagonizado por un individuo que pretendía beneficiarse del descuento reservado a militares en el puerto de Ceuta.

Incidente en el puerto

Fue, según el juez, la necesidad de comprobar si este individuo era soldado y si estaba afiliado a algún partido, como él mismo proclamó, pese a que lo prohíbe la legislación vigente, lo que llevó al Servicio de Inteligencia de Ceuta a investigar a la ejecutiva local de Comisiones Obreras.

En concreto, se recopilaron los nombres y DNI de los diez miembros de la Junta Directiva local del sindicato, el cargo que ostentaba cada uno, "la afiliación política de seis de dichos miembros y el puesto de trabajo o la presidencia de alguna Asociación de Vecinos de cinco de ellos". De Aróstegui se citaba también el instituto del que es director y su afiliación al Partido Socialista del Pueblo de Ceuta.

"Realmente pobre bagaje", alega el juez, "si lo que se quería era investigar a dicha persona; probablemente dada la trayectoria política y sindical del Sr. Aróstegui sean pocos los ciudadanos de Ceuta que, salvo su DNI, no conozcan el resto de datos".

Su conclusión, "como fruta que, una vez madura cae del árbol por su propio peso", es que no se quería investigar al sindicato, sino sólo aclarar un incidente.