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Tres jueces de la Audiencia Nacional pugnan por la investigación de los contactos con ETA

Garzón, a instancias de la fiscalía, reclama por segunda vez a Del Olmo que se inhiba en su favor

Tres jueces de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, Fernando Grande-Marlaska y Juan del Olmo, se disputan la investigación de los contactos del Gobierno con ETA. Ayer, Garzón, a instancias de la fiscalía, volvió a requerir a Del Olmo los documentos intervenidos a los etarras Jon Iurrebaso y Kepa Suárez, detenidos el 29 de marzo en Périgueux (Francia) y que la juez antiterrorista francesa remitió a la justicia española. El caso es que los papeles habían sido reclamados por Garzón, pero por el camino, los jueces Grande-Marlaska y Del Olmo han tratado de quedarse con el asunto. Este último, que ya rechazó la primera petición de Garzón, llegó a sugerir a la juez francesa que fuera ella la que decidiera quién debe de tramitar la causa.

Todo indica que Del Olmo rechazará de nuevo la petición de Baltasar Garzón

Le Vert respondió que no debe ser ella la que dirima la competencia entre jueces españoles

Tras la detención en Francia el pasado 29 de marzo de los dirigentes etarras Jon Iurrebaso y Kepa Suárez, el primero de los cuales formaba parte supuestamente del equipo negociador de ETA, la policía francesa avisó a Garzón, ya que este magistrado tenía procesado y en busca y captura a Suárez acusado de integrar el aparato de captación de ETA.

Entre los papeles que los etarras intentaban destruir en un bosquecillo poco antes de su detención tras saltarse un control, figuraban supuestamente documentos sobre el contenido de las conversaciones del Gobierno español con ETA y cuatro números de teléfono de personas de España y Francia.

Garzón remitió el 9 de abril una comisión rogatoria reclamando la documentación incautada a la juez antiterrorista francesa Laurence le Vert, en la que le informaba de que tiene abiertas dos causas, una desde hace un año y otra mucho más reciente, en la que está procesado Suárez. Ambas causas están declaradas secretas, pero fuentes de la fiscalía que las conocen aseguraron que al menos una de ellas tiene "el mismo objeto penal que el de la comisión rogatoria francesa, aunque más amplio".

Participar en una negociación para conseguir la paz no constituye delito, pero sí lo es formar parte del aparato de captación de la banda, precisaron las citadas fuentes.

Sin embargo, cuando Le Vert cumplimentó la petición de Garzón, estaba de guardia Fernando Grande-Marlaska, que en lugar de remitir la comisión rogatoria francesa a su compañero, se la quedó y abrió una causa (diligencias previas) para investigar y comprobar los hechos. Además, encomendó las primeras diligencias a la Guardia Civil, cuando Garzón realiza sus pesquisas por medio de la policía.

Pero la fiscalía, que conoce las investigaciones de Garzón, expuso a Marlaska que no se podía quedar con el caso porque Garzón ya investigaba los hechos.

Las normas de reparto de causas en la Audiencia señalan que un juez debe investigar un caso cuando los hechos han ocurrido durante su guardia. Si no es así, debe remitir el asunto a reparto entre todos los juzgados. Si un juzgado ya estaba investigando el caso con anterioridad, el juez decano debe asignárselo.

Marlaska, que ya intentó quedarse recientemente con la posible suspensión de actividades de ANV, caso que era también de Garzón, no tuvo más remedio que desprenderse de la comisión rogatoria, pero en lugar de remitírsela a Garzón, la envió a reparto. El juez decano, Ismael Moreno, ajeno a que ya había antecedentes, repartió el caso, que le correspondió por turno al juez Juan del Olmo.

Nuevamente la fiscalía informó a Del Olmo de que Garzón ya investigaba el caso, pero éste lo ignoró. Garzón, a su vez, también a instancias de la fiscalía, pidió a Del Olmo que se inhibiera en su favor. Pero lejos de hacerlo, Del Olmo rechazó la petición de Garzón y de forma insólita llegó a preguntar a la juez francesa si tenía algún inconveniente en que fuera él quien tramitase la causa.

La juez Le Vert, con gran sentido común, le respondió que no debe de ser ella, que es francesa, la que resuelva las cuestiones de competencia entre los jueces españoles, pero le recordó que fue Garzón el primero que le había pedido la información sobre el asunto. Mientras tanto, Del Olmo ha abierto un proceso con la comisión rogatoria francesa remitida por Marlaska y ha hecho un par de trámites más para justificar el quedarse con el caso.

La fiscalía ha vuelto a pedir a Garzón que reclame a Del Olmo la causa. Éste así lo hizo ayer, al tiempo que informaba de todo el asunto al presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar.

Todo parece indicar que Del Olmo previsiblemente rechazará de nuevo la petición de Garzón y de la fiscalía. Seguramente, deberá ser la Sala de lo Penal la que tenga que decidir sobre la cuestión.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aseguró ayer en León que las posibles conexiones del etarra Jon Iurrebaso con el Gobierno español, como supuesto miembro del aparato de interlocución de la banda terrorista, "no son delitos que se hayan cometido en España" sino que forman parte de "una comisión rogatoria que ha sido remitida por una juez francesa" y, por ello, "el juez está puntualizando las actuaciones necesarias para dar respuesta" a dicha petición, informó Europa Press.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 10 de julio de 2007