Asociaciones vecinales alegan a la ordenanza del ruido por vulnerar sus derechos

La nueva ordenanza de protección contra la contaminación acústica conculca derechos de los ciudadanos y dificulta sus denuncias. Así lo exponen las asociaciones de vecinos del barrio de San José, Amics del Carme y los inquilinos de la llamada zona Woody en un documento de alegaciones conjuntas que también firma a título personal Pilar Moreno, la valenciana que llevó su queja contra el Ayuntamiento de Valencia hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Allí logró un fallo condenatorio en 2004 que marcó un hito en la lucha contra la contaminación acústica. Moreno consiguió una resolución favorable a su caso tras una década de peregrinaje por instituciones y tribunales, y aunque su caso se resolvió, no ha abandonado la batalla contra el ruido y se ha sumado a otros vecinos para alegar contra la nueva ordenanza.

Los cambios en las condiciones para declarar zonas acústicamente saturadas (ZAS) y el hecho de que la ordenanza sitúe en un mismo plano a denunciantes e infractores merecen especial crítica en las alegaciones. Para los vecinos, "es notorio" que el Ayuntamiento se ha negado a aplicar las ZAS en la zona Woody y Juan Llorens, que sólo lo lograron a través de sentencia, y en El Carme, que aún pleitea. Por eso critican duramente las modificaciones, que permitirán al Ayuntamiento acogerse a medidas alternativas y previsiblemente más suaves. Ello convertirá la "potestad reglada" de declarar una ZAS en una decisión "discrecional". La introducción de un artículo de "actuaciones previas" a la ZAS es "contraria a Derecho", según las alegaciones, que acusan al Ayuntamiento de "propugnar de modo improcedente e injustificado la inactividad de la Administración". Llamativa es también la supresión de la "limitación del régimen de horarios" que figuraba en la ordenanza anterior, sobre todo porque es la única medida que ha contribuido a frenar los abusos, resaltan los vecinos, que denuncian que la ordenanza "no puede retroceder en los derechos y medidas ya conquistados a favor de los ciudadanos".

Trabas a las quejas

Las trabas que imponen otros artículos a las denuncias de los afectados suponen "un ataque a los derechos de los vecinos totalmente improcedente" y otro ejemplo del retroceso en la protección de los ciudadanos. Las asociaciones -que acudieron para las alegaciones al despacho de Morey Abogados, especializado en asuntos de ruido que ganó también el caso de Moreno- exigen la retirada de estos apartados y recuerdan al Ayuntamiento que si actuara correctamente en los expedientes de licencias y exigiera que los locales cumplieran la norma no habría denuncias. La ordenanza pretende iguales exigencias de inspección de los afectados -incluida la entrada en su casa- que de los denunciados, lo que puede ser inconstitucional. El documento también advierte contra artículos confusos y contradictorios con las normas del propio plan general que abren la puerta a la desprotección de los vecinos.