Más allá de la lucha política

Todos sabíamos que cuando El Rafita saliera del centro de menores estallaría la crisis. Y parece que hemos estado esperando pacientemente a que ocurriera.Nadie duda de que el crimen de Sandra Palo es uno de los hechos más negros de nuestra reciente historia y todos entendemos el dolor y la impotencia de una madre que ha visto cómo uno de los asesinos de su hija sale a la calle después de cuatro años de internamiento.

A los pocos días de ser nombrado Defensor del Menor, en una entrevista aparecida en este diario, manifesté, entre otras cosas, que algunas penas a menores deberían ser más duras. Esta afirmación, junto con la de que los menores tenían no sólo derechos sino también obligaciones, no fueron muy bien entendidas por algunos sectores. Aún así no he cambiado en absoluto de opinión. Y digo esto porque comparto la idea de aquellos que han reclamado una reforma de la Ley del Menor, pero con algunos matices que creo muy importantes.

El trabajo que se realiza en general en los centros de menores es muy bueno

Los menores también tienen obligaciones y algunas penas deberían ser más duras

No entiendo muy bien porqué no se aprovechó la reforma de noviembre de 2006 para incorporar lo que ahora se pide desde diferentes ámbitos. O hemos tenido que esperar a que El Rafita saliera a la calle para darnos cuenta de que algo no está bien planteado en la Ley o es que la presión social y mediática ha sido demasiado fuerte. Si el crimen se produjo hace algo más de cuatro años, si todos sabíamos que el primero en salir iba a ser El Rafita, si todos conocíamos aproximadamente la fecha de salida y si todos intuíamos la reacción de una madre destrozada por el dolor y de la sociedad en general ante este hecho ¿por qué no tuvimos esto en cuenta en la reforma recientemente aprobada?

Ahora todos nos llevamos las manos a la cabeza. La Consejería de Justicia de Madrid señala que para estos crímenes tan horribles se hace necesario endurecer las penas. Algo que, como Defensor del Menor, reclamé hace ya tiempo pero que debería haberse hecho en noviembre, que es cuando se reformó la Ley del Menor. El ministro de Justicia plantea que las leyes no pueden reformarse exclusivamente como consecuencia de una reacción social frente al crimen fruto de la valoración y del dolor de la víctima, y no le falta razón en su planteamiento.

Mi opinión es que no hay que cambiar las leyes porque en un determinado caso se haya producido una respuesta social, plenamente justificada eso sí, sino que las leyes deben modificarse porque técnicamente se considere necesaria su modificación. Quizá el argumento sería que cuatro años son pocos para que pueda producirse la reinserción de un chico que ha cometido un delito tan grave y execrable como el que cometió El Rafita. Éste ha salido del centro de menores porque ha cumplido su condena, y no porque haya cumplido dieciocho años como se ha venido afirmando los últimos días. Se le aplicó la pena máxima contemplada para un menor con 14 años de edad. Y los jueces actuaron perfectamente al hacerlo así. Otra cosa es que a muchos les pueda parecer un castigo escaso para un crimen tan brutal o que cuatro años son pocos para reeducar y reinsertar a un chico capaz de tan cruel delito.

No obstante, si atendemos a las cifras que ha dado la Consejería de Justicia de Madrid -en relación a que algo más del 80% de los chicos que salen de un centro de menores no ha vuelto a delinquir- podemos sacar como conclusión que la Ley del Menor funciona razonablemente bien en la generalidad de los casos.

El tiempo de privación de libertad en un centro de menores, a diferencia de lo que ocurre en un centro penitenciario, se emplea en la reeducación y en la resocialización de los chicos. El menor no sólo está privado de libertad, sino que trabaja día a día para no volver a hacer aquello que le llevó a ingresar en el centro. Desde que se levantan hasta que se acuestan los menores tienen completamente pautadas todas las actividades de la jornada. Es un trabajo multidisciplinar donde psicólogos, profesores, educadores, trabajadores sociales se esfuerzan día a día en conseguir que esos delincuentes menores de edad puedan incorporarse a nuestra sociedad como ciudadanos de bien.

Y en la gran mayoría de casos ese fin último se consigue después de un gran sacrificio por parte de todos. He visitado prácticamente todos los centros de Madrid y he llegado a la conclusión de que el trabajo que allí se realiza es muy bueno. Ni un solo chico de los muchos con los que he hablado me ha manifestado que su estancia en el centro de menores no le resulta beneficiosa. Todos, sin excepción, me han mostrado sus esperanzas de no volver a delinquir.

Pero es que el caso de Sandra Palo es la excepción, es un caso entre un millón y es quizá el argumento necesario para plantear medidas excepcionales para casos excepcionales, pero no para cuestionar la totalidad de una ley. Máxime cuando los que ahora reclaman su reforma como los que se oponen a ella no fueron capaces de ver hace unos meses que este problema se iba a suscitar.

Lo que no es de recibo es que ahora unos y otros vuelvan al enfrentamiento cuando la responsabilidad de lo que ha pasado es de todos los grupos políticos que no supieron, o no quisieron, ponerse de acuerdo durante la tramitación de la reforma aprobada en noviembre.

Por una vez, sólo por una vez, dejemos la lucha política y analicemos seriamente el problema. No nos encastillemos en posturas numantinas ni utilicemos este horrible crimen para desgastar al contrario. Porque si El Rafita vuelve a delinquir, aquellos que piden a gritos la reforma de la Ley tendrán el argumento definitivo frente a los que piensan que la Ley está bien como está. Y lo que es mucho más importante aún, tenemos que evitar a toda costa que la historia pudiera volver a repetirse.

Arturo Canalda es Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid.