Objetivo: sacar adelante la 'ley local'

Si hay una reforma legal que el Gobierno tiene empantanada es la que pretende modernizar el funcionamiento de los ayuntamientos españoles: la nueva Ley de Bases de Régimen Local. Era un compromiso para esta legislatura, pero se ha ido arrastrando a lo largo del mandato, sin concretarse más allá de un borrador, ante la imposibilidad de poner de acuerdo a PP y PSOE. El proyecto ni siquiera ha salido aún del Consejo de Ministros, y es improbable que pueda reactivarse en los ocho meses que quedan hasta las elecciones. Si la nueva ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, lo consigue, será todo un hito en su haber.

La ley tiene especial relevancia porque no sólo busca agilizar la vida municipal y dotar de más competencias a los gobiernos de las ciudades, sino también introducir controles preventivos que eviten las prácticas corruptas, en alza en los últimos años. El presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, ante las dificultades para sacar adelante el proyecto, optó a finales de 2006 por aplazar su discusión a después de las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Toca, por tanto, a Salgado impulsar la iniciativa.

Junto a ese fracaso, el ministerio dirigido hasta ayer por Jordi Sevilla ha sumado éxitos: logró aprobar la Ley de Capitalidad de Madrid y la Carta Municipal de Barcelona -que llevaban años bloqueadas-, si bien no las dotó de financiación; obtuvo el apoyo del Congreso para el Estatuto del Empleado Público, que entró en vigor el pasado mayo y mejora las condiciones laborales de 2,5 millones de trabajadores; e impulsó la ley que crea la llamada Administración electrónica, garantizando (eso sí, a partir de 2010) el acceso de los ciudadanos a todos los servicios de la Administración a través de Internet.

Sevilla no pilotó, sin embargo, el asunto principal que en esta legislatura ha afectado a las Administraciones públicas: la reforma de los Estatutos de Autonomía. Su oposición a los excesos del proyecto original de reforma del Estatuto de Cataluña lo apartó del timón del proceso, que quedó directamente en manos del presidente José Luis Rodríguez Zapatero -en el caso de Cataluña- y en las de los barones territoriales del PSOE en el resto de comunidades que han modificado sus estatutos.