Fianza de 30.000 euros para los cinco acusados del 'caso Camas'

El Juzgado de Instrucción 2 de Sevilla ha dictado auto de apertura de juicio oral en el conocido como caso Camas, el del presunto intento de soborno a la ex edil Carmen Lobo en el que están imputados Agustín Pavón, ex alcalde de esta localidad sevillana; los ex concejales Antonio Enrique Fraile, José del Castillo y Aureliano Lucas y el empresario Eusebio Gaviño. El juez ha fijado una fianza de 30.000 euros para cada uno.

El auto firmado ahora por el juez Carlos Lledó no se puede recurrir, por lo que los cinco imputados por el caso camas tendrán que sentarse ante un jurado popular. La fianza de 30.000 euros que les impuso ayer sirve como medida cautelar para abonar en el futuro posibles multas o costas que fije la sentencia. Los cinco imputados tienen un plazo de 24 horas desde el momento en que sean notificados para depositar el dinero o presentar un aval.

El juez remitirá las diligencias a la Oficina del Jurado la semana que viene, por lo que la vista podría celebrarse antes de que finalice el año.

El auto de apertura del juicio relata que Pavón, Fraile, Del Castillo, Lucas y Gaviño celebraron distintos encuentros y acordaron "comprar la voluntad de la concejal Carmen Lobo" para sacar adelante distintos proyectos urbanísticos. Y como "prueba" de su disposición, Gaviño le entregó un sobre con 12.000 euros y una nota manuscrita, supuestamente por Fraile, en un restaurante sevillano. La cita se celebró el 12 de septiembre de 2005, la noche anterior al primero de los cinco plenos en los que el equipo de gobierno (IU, PP y PA) pensaba aprobar operaciones urbanísticas.

La policía, señala el auto, fue "testigo" de la entrega del dinero porque Lobo había denunciado el presunto cohecho días antes. En el papel manuscrito estaban señalados los puntos del orden del día que debía votar la edil. A la mañana siguiente, la ex concejal no cumplió lo acordado con el empresario y votó en contra. Horas después fueron detenidos Gaviño, Fraile y Del Castillo. El juez que se hizo cargo de la denuncia ordenó el arresto cuando la policía escuchó decir a Del Castillo, en las intervenciones telefónicas que realizaba: "ahora habrá que mandarle unos gánsteres".

La fiscalía de Sevilla, en su escrito de acusación provisional, solicitó año y medio de prisión para los cinco acusados, el mismo periodo de inhabilitación para ocupar cargo público y una multa de 24.000 euros para cada uno por un supuesto delito de cohecho.

La acusación popular que ejercen Lobo y el denunciante Francisco Gordo pidió dos años de cárcel para cada uno, cinco de inhabilitación y una multa de 36.000 euros, el triple de la cantidad entregada a Lobo.

Los letrados de los cinco imputados han reclamado la absolución porque entienden que no existen pruebas del supuesto intento de soborno.

"No existen pruebas de cargo contra nosotros, en todo caso indicios y por eso nuestros abogados han solicitado el sobreseimiento y el archivo", señaló Pavón. "Mantengo la inocencia de Antonio Enrique Fraile y de Aureliano Lucas. Lucas casi no ha tenido participación en hechos delictivos. No han entregado ni ofrecido dinero a nadie", afirmó Pedro Pérez, el letrado que defiende a Lucas y Fraile.