Multa contradictoria

La Comisión Europea ha impuesto a Telefónica una multa de 152 millones de euros, la mayor de la historia de las sanciones comunitarias después de los casi 500 millones a Microsoft, por abuso muy grave de posición dominante en el mercado español de banda ancha.

Según la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, entre 2002 y 2004 la operadora mantuvo una política de precios mayoristas que frenó la entrada en el mercado de ADSL. Este abuso "ha dañado a los consumidores españoles, a las empresas españolas y a la economía española en su conjunto y, por extensión, a la economía europea". Si el conflicto es grave y excede los límites de una sanción a una empresa es porque los precios mayoristas que castiga la CE están fijados por la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), por lo cual lo correcto hubiese sido sancionar a la CMT. Así lo ha reconocido el regulador español, que ha salido en defensa cerrada de Telefónica.

El trasfondo endiablado de esta multa es la inseguridad jurídica que introduce en el mercado de las comunicaciones. En términos jurídicos y regulatorios, Telefónica aplica unos precios por decisión de la CMT que le acarrean luego una sanción desmesurada, cuya cuantía ni siquiera se explica por el carácter ejemplarizante que pretende Bruselas. Una empresa que opera en un mercado regulado no puede estar sometida a las directrices contradictorias de dos reguladores que, al parecer, ni siquiera se comunican entre sí. La CE ha creado una situación políticamente imposible, en la que una empresa nacional no estará segura de cumplir la ley europea cuando aplique los precios que le impone su regulador nacional. Kroes debe entender que, aunque en la rebotica de la CE se defienda un regulador único europeo de las telecomunicaciones, es un error buscar enfrentamientos con los reguladores nacionales. Este camino llevará el mercado europeo al caos, y en poco tiempo, además.

A bote pronto parece que este callejón sin salida sólo puede resolverse mediante una negociación política en la que, por cierto, ya debería estar trabajando el Ministerio de Industria. Pero el desorden generado desde Bruselas -que puede empeorar un poco más si el Tribunal de Luxemburgo desestima la multa impuesta por la CE a Deutsche Telekom por una conducta más grave incluso que la que se imputa a Telefónica- debe separarse de las muy justas imputaciones que se hacen a la carestía y calidad del servicio del ADSL en España. Porque, efectivamente, es caro, presenta un índice de penetración muy bajo, probablemente por falta de competencia, y no es tan rápido como el que se presta en Europa. Quizá Telefónica no se merezca una multa de 152 millones por aplicar las normas del regulador nacional; pero sí debería exigírsele un aumento de inversiones para mejorar la calidad de sus servicios.