Un ciudadano consigue que el Parlament pida el cambio de una ley estatal

La Comisión de Peticiones del Parlament ha propuesto reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil tras escuchar la demanda de un ciudadano que no ha conseguido que una juez se desplace al centro asistencial donde reside su hijo, que sufre autismo de Kanner, para tramitar su incapacitación. Joan Vendrell se dirigió el 6 de febrero al Parlament para denunciar que el procedimiento de incapacitación de su hijo, de 29 años, estaba bloqueado porque la juez que lo lleva se niega a ir al centro donde está ingresado.

El pasado 29 de mayo este padre fue llamado a comparecer ante la Comisión de Peticiones del Parlament, donde explicó y acreditó que el desplazamiento de su hijo hasta las dependencias judiciales podría ser muy perjudicial para la salud y la seguridad del joven, de sus padres e, incluso, de las personas que puedan estar en esa dependencias.

Tras escuchar su caso, los diputados de la Comisión han suscrito una propuesta unitaria para presentar ante la Mesa del Congreso una proposición de ley de adición de un nuevo apartado en el artículo 759 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aprobada en el año 2000.

Actualmente, este artículo dice que, en los procesos de incapacitación, el tribunal ha de examinar directamente a la persona supuestamente incapaz, pero deja que sea el magistrado el que decida si se desplaza o no a casa de la persona afectada, con independencia de las dificultades de movilidad que le comporte su enfermedad o invalidez.

La propuesta remitida por el Parlament pide al legislador estatal que resuelva esta laguna con un nuevo apartado que diga que "siempre que las partes soliciten y prueben, mediante un certificado médico oficial, que el presunto incapaz o sus parientes más cercanos no están en condiciones físicas o psíquicas para desplazarse a sus dependencias judiciales", el médico forense y el juez magistrado deberán ir a su domicilio a hacer este examen.

La propuesta de reforma legislativa del Parlament se deberá defender ahora ante el pleno de la cámara catalana, que acordará enviarla al Congreso de los Diputados. Una vez en Madrid, el pleno del Congreso deberá escuchar a una representación de parlamentarios catalanes antes de votar si la tramita o no.