Gobierno y Generalitat encallan con las inversiones
Las negociaciones entre el Gobierno central y la Generalitat acerca de la inversión del Estado en Cataluña siguen encalladas. La reunión que técnicos del Ministerio de Economía y del Departamento catalán de Economía mantuvieron ayer en Madrid no sirvió para cerrar un acuerdo, al no consensuar una metodología sobre qué se considera inversión y qué infraestructura, que es la clave para que la cifra sea una u otra. El Estatuto catalán fija que el Gobierno debe invertir en infraestructuras una cifra que corresponda al peso económico de Cataluña en el conjunto de la economía española, que hoy es del 18,8% del producto interior bruto (PIB). Nada más.
El ministerio sólo tiene en cuenta la obra pública que ejecutan los ministerios de Fomento y de Medio Ambiente, respectivamente. El Departamento de Economía, cuyo titular es Antoni Castells, considera este criterio "restrictivo", y reclama que también se tenga en cuenta la inversión en investigación y desarrollo (I+D), por ejemplo, así como toda la inversión territorializable. La diferencia entre un criterio u otro es de unos 1.000 millones de euros. "Aún no se ha avanzado lo suficiente como para alcanzar un acuerdo definitivo, pero habrá más reuniones", señalaron ayer fuentes de ambas administraciones.
