Sadismo reincidente

Una residencia privada para ancianos en la localidad madrileña de Alcobendas era una casa de los horrores para sus moradores: atados y drogados con tranquilizantes. Gracias a una reportera de Tele 5 que se hizo pasar como cuidadora se ha descubierto la crueldad permitida. El Gobierno regional ha decidido justamente el cierre cautelar del centro. Un portavoz oficial ha asegurado que se trata de un caso aislado. ¿Será así?

Resulta cuando menos chocante que una de las dos propietarias del asilo hubiera sido condenada a indemnizar a los familiares de una anciana que murió en 1989 en un incendio en otro centro que ella dirigía en la localidad de Ciempozuelos. Pero todavía más inquietante es que el asilo de Alcobendas hubiera recibido tres sanciones administrativas por malas condiciones y que los vecinos -sólo ahora lo dicen- afirmen que desde hacía mucho tiempo escuchaban gritos de angustia desde el interior del lugar.

Uno de los problemas que tiene la Comunidad de Madrid en el tratamiento de la tercera edad es haber dejado prácticamente en manos privadas la gestión de las residencias de ancianos. Sería injusto generalizar este vergonzoso caso, pero sí conviene que admitan las autoridades que algo ha fallado cuando el sadismo es reincidente. ¿Por qué se permitió que una persona sin escrúpulos pudiera seguir atormentando a pobres personas, cuyas familias pagaban una cuota de estancia? En teoría parece que son muchos los requisitos exigidos para abrir un centro de ancianos, pero en la práctica no es así. Y aún menos los controles. En la Comunidad de Madrid sólo una veintena de funcionarios vigilan las condiciones en las que viven los 44.000 ancianos residentes en asilos.