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Revocada la sentencia del 'caso Bono'

La absolución de los policías del 'caso Bono' desmonta dos años de acoso del PP al Gobierno

La Sala Penal del Tribunal Supremo acordó ayer la libre absolución, por inexistencia de delito, de los tres policías del caso Bono, condenados en mayo del pasado año a severas penas de prisión por la detención de dos militantes del PP envueltos en un intento de agresión al entonces ministro de Defensa, José Bono, cuando participaba en una manifestación de la AVT, en enero de 2005.

El fallo judicial pone fin a dos años de acoso político del PP, que convirtió la detención de sus dos militantes en la pieza angular de sus descalificaciones al Gobierno y de sus sospechas sobre una actuación policial supuestamente ilegal y dirigida contra un partido democrático.

El PP pide "prudencia" hasta conocer toda la sentencia, y Bono celebra que se haya "cazado y anulado" la condena

El Tribunal Supremo estima que no hubo delito en la actuación policial y que las detenciones fueron justificadas

El fallo fue acordado por cuatro magistrados frente al voto del conservador Marchena

El Ejecutivo exige que el PP pida perdón a los tres agentes y retire la "catarata de insultos" por la detención de sus militantes

Nada más conocerse el fallo, el Gobierno ensalzó la sentencia y exigió al PP que pida disculpas a los policías absueltos y que retire la "catarata de insultos y descalificaciones" vertidos contra el Ejecutivo y contra el fiscal general del Estado durante los dos últimos años.

El PP, que ha utilizado sañudamente la detención de sus militantes y la condena en primera instancia a los policías, reaccionó ayer muy tarde -siete horas después de divulgarse el fallo- y a través de un portavoz de segunda categoría, el adjunto en la comisión de Interior, Alejandro Ballestero. Éste dijo que el Gobierno y el PSOE deberían ser "más prudentes" y no tratar de "manipular" a los españoles al "reinterpretar" una sentencia que todavía no se conoce. Ballestero cargó contra el ex ministro Bono: "Mientras nosotros somos respetuosos, José Bono debería explicar qué quiere decir". El portavoz se refería a una declaración de Bono en la que éste se quejó de que "el PP propiciase que tres jueces de la Audiencia Provincial le dieran la razón y condenaran a tres honrados policías".

La escasa reacción de los populares, que habían pedido penas de cárcel para los policías y exigido múltiples dimisiones por los hechos, contrastó ayer con la salida en tromba del Ejecutivo, que se sacudió dos años de críticas incendiarias por lo que el PP consideraba "detenciones políticas" de sus dos militantes, pese a que ambos aparecían en las fotografías en actitud violenta tras el ex ministro Bono.

En este tiempo, el PP ha exigido la dimisión de los ministros de Interior y Defensa, reclamado una comisión de investigación y acosado al Gobierno en el Parlamento durante meses con baterías de preguntas y propuestas de reprobaciones. Tras conocerse la sentencia condenatoria de la Audiencia de Madrid, el delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, se vio forzado a presentar su dimisión.

El ex ministro de Defensa, José Bono, valoró ayer la sentencia del alto tribunal como "una esperanza para aquellos que se ponen la justicia por montera" y afirmó: "En aquella manifestación me insultaron, me llamaron asesino, traidor y me golpearon. No hay más que ver las imágenes a pesar de que han querido negar hasta la evidencia".

Bono celebró que el Supremo haya "cazado y anulado" la sentencia de la Audiencia de Madrid

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, exigió ayer al PP que pida disculpas públicamente a los tres policías declarados inocentes "porque durante estos últimos meses han manchado gravemente su trayectoria profesional"

La sentencia del Supremo anula en su integridad la sentencia dictada en mayo de 2006 por la Audiencia de Madrid, cuyo ponente fue el presidente de la Sección 16, Miguel Hidalgo Abia. La estimación de los recursos del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado deja sin efecto las condenas de cinco años de prisión y 10 años de inhabilitación por delitos de detención ilegal y falsedad en documento público impuestas al comisario jefe de la Brigada de Información, Rodolfo Ruiz Martínez, y al inspector Javier Fernández Gómez.

Anula también el delito de coacciones, por el que fue impuesta una multa de 1.080 euros al comisario Ruiz, así como las penas de tres años de prisión y dos de inhabilitación al inspector José Luis González Salgueiro por delito de falsedad documental. También queda anulada la indemnización de 12.000 euros que debían percibir los militantes del PP detenidos, Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz, y que debía ser satisfecha a la AVT.

Según fuentes del Supremo, la sentencia, cuya ponencia tiene encomendada el magistrado Andrés Martínez Arrieta, se conocerá en los primeros días de la próxima semana y seguirá principalmente las tesis del Ministerio Fiscal. El ministerio público postuló que los dos militantes del PP fueron detenidos justificadamente porque se había producido un delito de atentado contra el entonces ministro de Defensa, José Bono. La duración de la detención fue proporcionada al incidente, según el fiscal.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado combatieron también el delito de coacciones atribuido al comisario Ruiz, principalmente porque nadie le acusó de tal delito. La Fiscalía criticó duramente este aspecto de la sentencia por considerarlo una infracción del principio acusatorio del que deriva una pérdida de imparcialidad del juez, que con su actuación vino a suplementar la acusación del Partido Popular.

Respecto al delito de falsedad en documento público, que según la sentencia de instancia se cometió para ocultar la detención ilegal de los militantes del PP, éste carece de relevancia penal, puesto que ante la inexistencia de los delitos de detención ilegal y de las coacciones, la supuesta falsedad documental carecería de sentido.

Según fuentes consultadas por este periódico, los razonamientos sobre el delito de falsedad documental son esperados con expectación, por cuanto pueden afectar al caso del ácido bórico, en el que la Audiencia se apresta a juzgar a la cúpula de la Policía Científica por acusaciones de falsedad documental muy similares a las del caso Bono.

Por su parte, el magistrado conservador Manuel Marchena, que era fiscal del Tribunal Supremo cuando la Fiscalía impugnó la sentencia -y que por eso mismo, según fuentes judiciales y fiscales, debiera haberse abstenido de formar parte del tribunal-, formulará un voto particular discrepante por estar de acuerdo con las tesis de la sentencia anulada.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que fue blanco de todo tipo de descalificaciones del PP por este asunto, felicitó al fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, que tanto en la fase de instrucción como durante el juicio a los policías sostuvo que no había delito. A su vez, el Ministerio de Justicia se congratuló del fallo del Supremo, en cuanto a que también se aceptan la tesis de la Abogacía del Estado, que defendió a uno de los inspectores. Justicia se felicitó de que la actuación de los policías fuera "ajustada a la legalidad", lo que "descalifica así la acusación que formuló el PP contra los funcionarios".

La AVT rehusó pronunciarse sobre el fallo y dijo que no opinará hasta conocer el contenido de la sentencia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 30 de junio de 2007