Orden de cierre para el asilo del maltrato

A las dos de la tarde comenzaron a llegar al asilo privado Juan XXIII, en Alcobendas, familiares de algunos de los 65 residentes. Poco a poco. En cuatro horas, no más de una docena. "¡Ahora qué hago con mi madre! Yo tengo mi casa, pero ella tiene 95 años y, claro...", se quejaba José Rodríguez. Una hora antes, el Gobierno regional había anunciado el cierre cautelar de la residencia después de que un vídeo emitido en El programa de Ana Rosa, en Tele 5, evidenciara las vejaciones a las que estaban siendo sometidos 20 ancianos en la tercera planta del centro: atados con sábanas a las sillas, sucios, desatendidos y drogados con tranquilizantes.

"Es un centro de exterminio. Les oías pedir pan y llorar", cuentan los vecinos

"Trataremos de poner las sanciones máximas que nos permita la ley, porque lo ocurrido es muy grave", anunció el vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Ignacio González. Pero la residencia sigue funcionando. La Consejería de Asuntos Sociales no precisó cuánto tiempo se puede demorar el cierre. No tienen previsto trasladar a los internos, sino que se han puesto en contacto con las familias para que sean éstas las que saquen a los ancianos. A las 19.30 de ayer, sólo un matrimonio se había llevado a una residente.

"Ese sitio es un centro de exterminio. Les oías pedir pan, y llorar. Lloran mucho", aseguró una mujer que vive en el bloque que está junto al asilo. Otros vecinos del mismo edificio se quejaron de los malos olores. Lo atribuyen a la suciedad. "A los ancianos les dejan al sol en la acera. Les sientan allí, con un cucurucho de papel en la cabeza, durante horas", comentaban en un corrillo varias personas. Otros relataron a Efe que veían cómo los trabajadores tendían al sol pañales desechables que reutilizaban. En la residencia, una plaza cuesta de media 1.200 euros al mes.

Fuentes de la policía de Alcobendas, a quien los vecinos aseguran que llamaron varias veces desde la inauguración, en 1992, del asilo, por "los gritos de angustia" que oían, negaron haber recibido alguna denuncia de ese tipo. La dueña, María Antonieta Corradi, ya fue condenada en 1995 por la muerte de una anciana en el incendio de un asilo que dirigía en 1989. También allí se ataba a los residentes.

"El Gobierno regional ha dejado en manos de la iniciativa privada la atención de sus mayores. Sólo existen 18.200 plazas que dependen de la Comunidad, 7.000 públicas y el resto concertadas", explicó Ana González, la responsable de Asuntos Sociales de CC OO.

La Consejería de Asuntos Sociales no supo concretar el número de residencias para mayores en la región. Sí las plazas: 27.700 públicas. El Imserso, entre privadas y públicas, asegura que hay unas 44.000: "Sí, aproximadamente", reafirmó una portavoz de este departamento.

Si los datos no coinciden, tampoco hay acuerdo en lo que parece ser la causa de la situación que han podido soportar durante años los ancianos de la residencia Juan XXIII. CC OO asegura que hay sólo ocho inspectores para controlar las condiciones en las que viven los 44.000 ancianos residentes en los asilos. Según UGT y el PSOE, son nueve. La consejería dice que son "25 profesionales" los encargados de las labores de "inspección y supervisión". En todo caso, pocos para el volumen de población atendida (y por atender). "Estas cosas ocurren porque en la región hay una lista de espera en las residencias de unas 20.000 personas y el Gobierno regional, al no atender esa demanda, ha permitido que proliferen las residencias privadas. Con tan pocos inspectores el control anual que establece la ley es casi imposible", dice la responsable de CC OO. Fuentes de la consejería contestan: "Al menos se visitan los centros una vez al año".

No obstante, la atención residencial de las personas mayores sitúa a la región en un índice de cobertura (número de plazas por cada 100 personas mayores de 65 años) del 5,07%, por detrás de cuatro comunidades: Castilla y León (6,29%), Castilla-La Mancha (6%), Aragón (5,62%) y Navarra (5,66%), según datos del Imserso.

La docena de personas que acudieron ayer a la residencia tienen a sus familiares en la primera y segunda planta. Están "perfectamente", decía la mayoría. Pero las supuestas vejaciones se producen en la tercera. Las persianas estaban bajadas.

Como un goteo, los familiares entraban y salían. "Esperemos que la Comunidad nos diga qué tenemos que hacer ahora", decían. Otros mostraron su preocupación por no tener sitio adonde llevar a sus allegados. Otro afirmó que había exigido explicaciones. "Mi prima, que se ha roto la cadera, tiene que regresar del hospital dentro de poco. Pienso venir todos los días hasta que me digan qué va a pasar".