El asilo del maltrato sigue abierto

Los ancianos de la residencia privada Juan XXIII de Alcobendas (Madrid), sobre la que pesa una orden de cierre cautelar por parte del Gobierno regional por presuntos tratos vejatorios, han comenzado hoy a abandonar el centro acompañados de familiares, mientras la clausura de las instalaciones, decidida ayer, sigue sin hacerse efectiva. Fuentes de la Consejería de Servicios Sociales han explicado que "el cierre definitivo" se producirá "cuando esté listo el informe" del equipo investigador que recaba información en el centro desde el pasado lunes.

Con la clausura cautelar del centro, la Comunidad de Madrid dijo ayer que pretendía evitar "posibles situaciones de malos tratos a los mayores y menoscabo de sus derechos". Por ello, y hasta que "se resuelva la situación de cada anciano", el centro cuenta "con la supervisión directa y continuada" de técnicos de Servicios Sociales, "tanto mediante visitas como con llamadas telefónicas". "Ayer comenzamos a ponernos en contacto con cada familia y les ayudaremos en todo momento a reubicar a sus mayores", aseguran desde el Gobierno regional.

No les reubicarán en centros públicos

"Poco a poco les estamos localizando", afirman desde el departamento autonómico. Aun así, insisten en que estas familias "eligieron, en su día, la vía privada como mejor alternativa" por lo que, en principio, se descarta la posibilidad de que a los usuarios de la Juan XXIII se les vayan a conceder plazas públicas de residencia. Asimismo, Servicios Sociales ha querido dejar claro que, hasta la fecha, no ha recibido "queja o denuncia alguna por parte de ningún familiar" y que el centro fue multado en 1993,1998 y 2004, tras la realización de investigaciones de oficio "por insuficiencias de tipo técnico y administrativo, pero nunca por supuesto trato vejatorio a los residentes".

El número de residentes que han dejado ya el geriátrico "no había sido evaluado" a primera hora de esta tarde por la Consejería. Una vecina de la zona estima que, desde que se emitió el programa televisivo que reveló la desatención que sufrían los mayores, las visitas de los familiares "han aumentado pero se han llevado a seis o siete solamente". Entre las familias de los afectados hay diversidad de opiniones. Así, María Luisa Martínez, hija de una residente de 82 años enferma de Alzheimer, se ha mostrado desconfiada del funcionamiento de la residencia.

Perdió 15 kilos en cuatro meses

"Mi madre ha perdido 15 kilos en cuatro meses y por eso me la llevo", ha declarado Martínez, que asegura que "nunca" la dejaron subir a la tercera planta, donde presuntamente los ancianos eran maltratados. Así, esta mujer dice estar "preocupada" desde hace tiempo porque "cada día veía peor" a su madre, por lo que, tras la emisión del programa televisivo, no ha dudado en llevársela del centro para someterla a un reconocimiento médico inmediato.

Por su parte, la hija de una anciana de 94 años que reside en el geriátrico Juan XXIII desde hace tres años se se ha mostrado "muy disgustada" con la orden de cierre cautelar argumentando que "aquí no hay ningún problema y todo lo que se ha dicho es mentira". "Mis hermanos y yo venimos a verla todos los días y está perfectamente en la tercera

planta", añade.

De la misma opinión son los familiares de un residente de 76 años que han calificado de "subsanables" las presuntas irregularidades que se han cometido en el centro. "Nos han dicho que se trataba de un medicamento caducado que había encima de una mesilla", ha afirmado Santiago Lomas, cuyo hermano es uno de los 52 residentes de la residencia. "De todas formas, no me voy tranquilo y el susto no nos lo quita nadie", ha matizado Lomas.

Los familiares de los ancianos de la residencia clausurada reclaman plazas donde llevar a sus mayores

Trato vejatorio en una residencia