Detenidos por corrupción un ex edil socialista en Canarias, un técnico y tres empresarios

La Operación Paraíso sobresaltó ayer al Ayuntamiento gran canario de San Bartolomé de Tirajana. Sobre todo, a los presuntos integrantes de una trama de corrupción municipal. La policía registró el consistorio, detuvo a un edil de Centro Canario Nacionalista, Francisco Guedes -expulsado del PSOE en 2006-, a su hijo Jonás Guedes, al secretario municipal, Antonio Muñiz González, y a tres empresarios, uno de ellos ya imputado en el caso Telde. La sospecha es que estos constructores le pagaron cientos de miles de euros por ilegales favores municipales (licencias o contratos).

Desde el pasado octubre, la policía investigaba al ex primer teniente de alcalde y ex concejal de Vías y Obras del PSOE, Francisco Guedes, tras haberse cursado una denuncia contra su gestión durante el anterior mandato, que concluyó abruptamente tras exigirle el partido su renuncia por sospechas de corrupción y boicoteo al pacto municipal del partido con Nueva Canarias (NC) y Centro Canario Nacionalista (CCN). Ahora, tras el 27-M, era edil sin cargo por CCN. La juez le imputa tres delitos: cohecho, malversación y tráfico de influencias. La interceptación durante meses de sus conversaciones telefónicas, como en otros municipios canarios investigados por corrupción como Telde o Mogán, cimientan las acusaciones.

El PSOE, según dirigentes canarios, meses antes de la apertura de la investigación judicial, ya le había pedido cuentas sobre los insistentes rumores de que desde su cargo municipal se dedicaba a una labor ilegal. Guedes refutaba todas las acusaciones. Sin pruebas, el PSOE se sentía inerme para ejercer acciones. Sin embargo, su decidida acción obstructora contra el pacto que daba el Gobierno al PSOE colmó la paciencia de los dirigentes socialistas canarios, que forzaron su expulsión. Paradójicamente, Guedes se erigía en paladín de la ética y arremetía contra la supuesta incompatibilidad del entonces concejal de Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana, José Juan Santana (NC), pariente de un gran constructor que luego sería imputado por corrupción en el caso Mogán. Los dirigentes socialistas nunca vieron base para dicha acusación y ahora, sospechan que era una vendetta de Guedes contra un escollo en sus presuntos negocios turbios. Tras su defenestración del PSOE, Guedes se presentó a las elecciones del 27-M por CCN, cuyo secretario general, Francisco González -hijo del promotor investigado por el supuesto pelotazo de 120 millones de euros en la playa tinerfeña de Las Teresitas-, le suspendió ayer de militancia.

El decurso del gobierno de este municipio, el más extenso y turístico de Gran Canaria y con una población de más de 45.000 habitantes, sigue así: hasta julio de 2005 funcionó un pacto del PP (10 concejales) con el PSOE (2); posteriormente logró la alcaldía el PSOE con el apoyo de siete ex miembros de Coalición Canaria (2 de CCN y 7 de Nueva Canarias). El PSOE sospecha que Guedes quiso torpedear dicho pacto porque creía que las denuncias de corrupción provenían de los nacionalistas. Ahora los socialistas (5) gobiernan el municipio con Nueva Canarias (6).

Las escuchas, sin embargo, han arrojado poderosos indicios de que era el edil menos indicado para analizar la moralidad de ningún compañero del consistorio. Su tráfico de llamadas denota una operativa ilegal -apoyada aparentemente por su hijo-, que incluye el cobro de comisiones de empresarios a cambio de concederles arbitrariamente contratos o presionar en concejalías ajenas para facilitarles licencias y favores a sus clientes, sin desdeñar el uso de recursos municipales en beneficio propio. De ahí que esta causa tenga un futuro impredecible sobre el número y perfil, político o empresarial, de los próximos imputados. Pero se da por seguro que, como en Telde, habrá varias entregas policiales más de este nuevo culebrón de la corrupción municipal en Canarias.

La policía -por orden del juzgado número tres de dicho municipio- registró la casa de Guedes y el Ayuntamiento, donde requisó decenas de expedientes de distintas áreas (Urbanismo, Contratación, Intervención de Fondos...). Merced al cruce de tal documentación con las comprometedoras frases grabadas a esta trama municipal los investigadores confían en probar el tráfico de favores por cohechos que presuntamente dirigía este edil. Una red que contaba con los remunerados servicios, según los indicios acumulados, del secretario municipal. Entre los empresarios ya detenidos -no se descartan futuros imputados- figuran Antonio Hernández Rodríguez y su hijo Antonio Esteban Hernández Perera y Alejandro Navarro Miñon. Este último empresario, dueño de la constructora Mazzoti, ya fue imputado en el caso Telde, en cuya declaración sumarial reconoció que había pagado sobornos a la red que presuntamente dirigía la edil del PP Toñi Torres.