Un concejal de Burriana cree su deber visitar a constructores

El concejal de Urbanismo de Burriana, Javier Perelló, del PP, justificó ayer las visitas realizadas al despacho de uno de los constructores adjudicatarios de planes en el municipio en que es una de sus obligaciones. Perelló declaró ayer ante el juzgado de instrucción número 1 de Vila-real como imputado por su participación en la aprobación de varios programas de desarrollo urbanístico en la anterior legislatura.

Perelló fue preguntado por las visitas realizadas al despacho de Enrique Granell, uno de los empresarios que tiene adjudicados, al menos, tres PAI en la localidad. Perelló, según fuentes del caso, alegó que entre sus responsabilidades se encuentra realizar dichas visitas particulares y no en el Ayuntamiento, con el fin de comprobar el estado de los programas. Granell es además uno de los socios de la empresa titular del vehículo que conduce el concejal, un BMW 525. El concejal aseguró haber comprado el coche, por un importe de 7.200 euros y alegó que el hecho de que siga a nombre de la empresa se debe a que hizo un intento de cambiar la titularidad que resultó infructuoso, debido a las discrepancias entre los socios de la empresa que, entonces, ya se había disuelto. Javier Perelló mantuvo que, en cualquier caso, él se hace cargo del importe tanto de los seguros como de los impuestos el vehículo.

El concejal de urbanismo fue incluido en la querella presentada por el PSPV local, en la que también se denunció al ahora ex alcalde de Burriana, Alfonso Ferrada, después de que se conociese que era propietario de una parcela, ubicada en una franja costera del mismo municipio. Según los documentos que figuran en el expediente, la parcela fue comprada poco después de que se presentara el PAI aunque, según Perelló, la adquirió dos meses antes de que el programa entrara en el ayuntamiento. Su interés directo en el desarrollo urbanístico no impidió que él mismo tramitara el expediente e incluso votara para la aprobación y adjudicación del mismo, pese a que el procedimiento de éste, además, fue polémico. Perelló propuso la contratación de una asistencia jurídica externa para fundamentar la adjudicación a la empresa, que no tenía competidores. Tal como indican los documentos que obran en poder del juzgado, el abogado retiró la documentación del ayuntamiento tres meses antes de ser contratado.

En el momento de votar la adjudicación del proyecto, Perelló no se abstuvo como sí hizo la entonces portavoz del grupo municipal socialista, Iolanda Porcar, ya que un familiar cuenta con una vivienda en la misma zona aunque ésta data de hace décadas. Al ser preguntado ayer, ante el juez, por su participación en este programa, el concejal del PP argumentó su ausencia de interés en beneficiarse del desarrollo urbanístico y aseguró que participó en la votación tras una consulta verbal a la secretaria del ayuntamiento que le indicó que no existía incompatibilidad, según dijo ayer ante el juez.