Purga masiva en la policía de México

El Gobierno mexicano ha iniciado una depuración sin precedentes de los cuerpos de seguridad del Estado, al destituir a toda la cúpula de la Policía Federal Preventiva (PFP) por connivencia con el narcotráfico. Genaro García Luna, secretario (ministro) de Seguridad Pública, anunció ayer que 284 altos mandos de la PFP y de la Policía Fiscal (AFI) han sido depuestos en todo el país. La purga incluye a los 34 comandantes de la Policía Federal en los 32 Estados de México (la capital y Veracruz tienen dos coordinadores cada uno). El ministro resumió la voluntad del Gobierno de Felipe Calderón para garantizar la seguridad de los ciudadanos: "Necesitamos una policía honesta, limpia y confiable". Y reconoció que se trata de una medida frontal para combatir el crimen.

El presidente Calderón ha dado un nuevo paso en la ofensiva contra el narcotráfico, iniciada en diciembre, a los pocos días de su toma de posesión. Hasta ahora, había movilizado a miles de soldados y policías en operativos donde primó la espectacularidad por encima de la eficacia. La nueva estrategia parece encaminada a combatir la corrupción, "eje de la lucha contra el crimen", en palabras del ministro de Seguridad.

García Luna rehusó detallar hasta dónde llegaba la complicidad de los oficiales destituidos con los delincuentes. Admitió que las autoridades tomaron una decisión tan radical por un conjunto de razones, entre las que incluyó desconfianza, ineficiencia y corrupción.

Aludió a "problemas serios en la parte operativa", de relaciones con la ciudadanía y en la escasa capacidad de investigación. Pero exculpó a los afectados -"no era su culpa", dijo-, porque durante años el Gobierno no invirtió en la policía. "Sin complicidad con la autoridad la delincuencia está condenada al fracaso", aseguró.

El proceso de depuración de los cuerpos federales de seguridad comenzó hace meses, dijo el ministro, con la convocatoria de un curso especial de capacitación para 306 elementos de la PFP y de la Policía de la Fiscalía, que incluyó exámenes médicos, control antidopaje, revisión de la situación patrimonial y detector de mentiras. Seis de los convocados rechazaron ser evaluados en los exámenes antidopaje. Otros 16 no fueron considerados aptos. Los que aprobaron los exámenes ocupan desde ayer los nuevos cargos y los 34 que obtuvieron las mejores notas mandan la Policía Federal en los Estados.

Los oficiales relevados de sus puestos serán investigados y podrán asistir a un curso de readaptación, en el que tendrán que pasar todo tipo de pruebas para acreditar que son confiables, que no tienen adicción a las drogas y que no han incrementado su patrimonio. Quienes se nieguen a los exámenes "quedarán automáticamente fuera de la policía", señaló el ministro García Luna. Los que permanezcan en la institución deberán realizar un curso de varios meses y serán examinados periódicamente. Ninguno de ellos podrá ocupar un cargo de responsabilidad.

La depuración de la PFP, cuerpo integrado parcialmente por militares, forma parte de los planes del Gobierno de crear una nueva policía. En una reunión reciente con la prensa extranjera, García Luna anunció la voluntad de su Departamento de constituir un nuevo cuerpo de unos 8.500 elementos, con formación universitaria. "Queremos que el policía sea lo mejor de la sociedad, como ocurre en los países más desarrollados", dijo el ministro.

El caso Tijuana

Antes de la purga de la PFP, el Gobierno había tomado medidas contra las policías locales de varios Estados. En Nuevo León, el Ejército realizó un operativo de varios días en diversos municipios donde fueron detenidos más de 150 efectivos de distintos cuerpos policiales del Estado. Fueron trasladados a la Academia de Policía por su posible colaboración con la delincuencia organizada. Los nombres de los detenidos figuraban en varias listas halladas en unas camionetas abandonadas por pistoleros en un centro comercial.

La ciudad de Tijuana, en el Estado de Baja California, vivió en enero una situación sin precedentes cuando se puso en marcha el operativo conjunto contra el narcotráfico. Los 2.300 policías municipales fueron desarmados y acuartelados por el Ejército, cuyos expertos en balística analizaron cuidadosamente las armas de los agentes para determinar si alguna de ellas fue utilizada en actos delictivos.

Hace dos años, la Policía Municipal de Nuevo Laredo (Tamaulipas), paso fronterizo con EE UU, fue desarticulada tras un grave incidente. Un grupo de municipales recibió a tiros a un contingente de policías judiciales enviados por el Gobierno federal desde la Ciudad de México. Quinientos de los 800 efectivos fueron expulsados por connivencia con el narcotráfico.