Los que conspiran

Al PP valenciano le han metido un pescozón en Estrasburgo: sus abusivas prácticas urbanísticas han desafinado la alegría de Beethoven, que ya no suena a sinfonía coral, sino a caudales precipitándose en las arcas insondables de ciertos promotores y agentes inmobiliarios de su misma cuerda. Después de una reciente inspección, el Parlamento Europeo ha condenado, otra vez, al PP valenciano, por unas actuaciones que nada tienen que ver con las necesidades reales de la sociedad, y sí con unos excesos y unos criterios más propios del compadreo que de una aceptable gestión política y administrativa, que dinamitan los valores históricos y culturales de nuestra autonomía. Aviados andamos con Ley Urbanística Valenciana (LUV), que además de la desolación del ladrillo, pone al pequeño propietario de terrenos a los pies de una piratería voraz y adiestrada en el manejo y aprovechamiento de los PAI, de los programas de actuación integrada. Pero tanta evidencia, tanta alarma, sin embargo, no parece importarle un pimiento al PP valenciano, que persiste en su lamentable empresa de beneficiar a quien lo beneficia. Ni siquiera el moderado y cercano Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, parece poner algo de freno a tan desmedido afán. A pesar de que la venerable institución muestra su inquietud por las 15.000 denuncias de esos pequeños propietarios que se han recibido en la Comisión Europea, y su titular se sobresalta con los casi 200 millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable, pero preparados ya para su reclasificación. Y si se pasan por los forros a la Comisión Europea, al Europarlamento y al Defensor del Pueblo, ¿qué no harán con las recriminaciones y críticas de los representantes de la oposición? Glòria Marcos, la coordinadora general de EU, que siempre le saca un cuerpo de ventaja y más ideas, ya le ha dicho al PP que, con la nueva condena, "la Unión ha desautorizado las leyes urbanísticas valencianas; esta habría de ser la buena, la última, el momento en que el PP abandone su papel de víctima y se ponga a trabajar en una legislación que sea sostenible y adecuada a la normativa europea". En tanto Eugenio Burriel, responsable de Territorio del PSPV y competente en estos asuntos ha advertido a la Generalitat de la "inseguridad jurídica" que supone el envío de la LUV al Tribunal de Justicia de la UE, por incumplir la directiva sobre contrataciones públicas, como está previsto que se envíe el próximo miércoles. "Para bien del futuro", ha dicho el dirigente socialista, "sería deseable que la Generalitat consensuara con Bruselas los cambios (...)". Pero la especulación es un Tótem para los populares. El PP valenciano, en esta legislatura, lleva cilicios, disciplinas y detentes, para preservarse de la UE, de su parlamento y tribunal, del Defensor del Pueblo, del Gobierno de Zapatero, de todos los socialistas y de toda la izquierda, que no son más que una panda de conspiradores, mientras ellos solo aniquilan, entre jaculatorias y ruido de maletines, las últimas fronteras del País Valenciano.