Asuntos Sociales propondrá un código ético a los medios para informar sobre malos tratos

La manera en la que los medios de comunicación informan de la violencia de género no le gusta al Gobierno. Pero el Ejecutivo ya no habla de autorregulación, como en días pasados, sino que quiere proponer a los periodistas un "código ético" para "la promoción del tratamiento adecuado de la imagen de las mujeres y de la violencia que se ejerce sobre ellas". Esta es una de las 28 medidas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros para reforzar la lucha contra los malos tratos.

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, aseguró recientemente que su departamento dispone de informes de expertos -que no se han hecho públicos ni están disponibles para los medios- que hablan de un supuesto efecto llamada que empujaría a los potenciales agresores a cometer un crimen después de haber visto informaciones relativas a otros casos. El Ejecutivo cree que la manera en la que se transmiten algunas noticias, como detallar el número de puñaladas o la virulencia de un determinado homicidio, puede ser contraproducente.

Pero hasta el momento, ningún miembro del Gobierno ha concretado la estrategia informativa que proponen a los medios. Fuentes de Asuntos Sociales explican que una de las posibilidades es que se trate la violencia de género con cautelas similares a las que se aplican a la hora de informar de casos de suicidio, de los que con carácter general no se informa por el posible efecto contagio.

En su programa electoral de 2004, el PSOE defendía sin embargo encendidamente la necesidad de difundir los malos tratos a través de los medios: "La lucha efectiva contra la violencia que padecen las mujeres debe desarrollarse en el espacio de la vida pública, porque se trata de una flagrante violación de los derechos humanos que hay que combatir con toda la fuerza y todos los instrumentos del sistema democrático".

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que "no se trata de no contar ni de censurar sino de ayudar a erradicar con la información" la violencia machista. Los expertos debaten si es conveniente informar del modus operandi de los crímenes y publicar las fotografías de las víctimas. Algunos estiman que puede ideas a otros agresores, mientras que otros piensan que puede contribuir a concienciar a la sociedad de la brutalidad de la violencia de género.

Un psicólogo de Instituciones Penitenciarias con amplia experiencia en terapias a maltratadores señala que "es posible que ver un crimen en las noticias de televisión desencadene la ira de un agresor y genere un cierto efecto contagio, porque se trata de personas con un autocontrol muy bajo e incapaces de gestionar su ira". "Pero cualquier cosa puede servir de disparador a un maltratador, no sólo la prensa o la tele. Las propias medidas legales contra la violencia, una campaña de televisión, la actuación de la justicia o la conciencia social les pueden hacer enfurecer. Ya se sabe que rata acorralada ataca más".

El paquete de actuaciones para luchar contra los malos tratos contempla aspectos sanitarios, policiales, judiciales y económicos. Fernández de la Vega reconoció que las actuales medidas y las "numerosas iniciativas" para erradicar la violencia de género son, "a todas luces", insuficientes. El Gobierno pondrá en marcha campañas de información prolongadas en el tiempo, de aquí hasta el final de la legislatura, similares a las de Tráfico y propondrá a las Comunidades Autónomas un teléfono único de atención a las víctimas.

Antes de acabar julio se convocarán conferencias sectoriales para coordinar con las comunidades autónomas la mejora de la protección económica de las víctimas, el aumento de los juzgados de violencia contra la mujer y su acceso efectivo a las ayudas para la vivienda. Justicia, por su parte, promete mejorar la formación de los operadores jurídicos y promoverá una guía de buenas practicas procesales. En materia sanitaria, se propondrán una serie de criterios comunes para la formación de los profesionales sanitarios en la atención a la violencia de género y se elaborará un protocolo que facilite la comunicación entre los servicios de salud y las unidades forenses de valoración integral de las víctimas.