El Gobierno catalán y el andaluz se unen para pedir el despliegue de sus estatutos

Los dos son legales y ahora toca desarrollarlos. Los gobiernos catalán y el andaluz defendieron ayer la plena constitucionalidad de los estatutos de ambas comunidades y exhibieron un frente común ante los siete recursos que pesan sobre el texto catalán. El consejero de Relaciones Institucionales de la Generalitat, Joan Saura, recibió en Barcelona al consejero de la Presidencia de la Junta, Gaspar Zarrías, en un encuentro que sirvió, también, para enviar un mensaje al Gobierno central: "Hay que desplegar ambos estatutos con normalidad, eficacia, celeridad y lealtad institucional", dijo Saura.

El encuentro en Barcelona también estuvo marcado por la confirmación del Defensor del Pueblo de que no piensa recurrir el Estatuto andaluz ante el Constitucional pese a contener unos 40 artículos idénticos a la carta catalana que sí ha recurrido. Una vez más, Saura y Zarrías mostraron su perplejidad por esta decisión y defendieron el pleno encaje en la Constitución de sendos estatutos. "No hay razones para recurrir ni un estatuto ni el otro", aseguró Zarrías.

Los dos consejeros acordaron también buscar fórmulas de cooperación entre Andalucía y Cataluña y las instituciones del Estado que se ven afectadas por las modificaciones incluidas en ambos estatutos, como el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España o el Tribunal Constitucional. "Hay que modernizar el Estado de las autonomías", defendió el consejero andaluz.

Dentro de esta estrategia modernizadora, Zarrías recordó los traspasos que el Gobierno de Manuel Chaves considera prioritarios. Éstos son el traspaso del río Guadalquivir en el tramo que discurre por el interior de Andalucía, el cobro de la deuda histórica y adaptar las inversiones a la población de la comunidad. Saura también aprovechó para reiterar sus prioridades, comenzado por el traspaso de las líneas de Cercanías de Renfe, que ayer vivieron una nueva jornada de caos y retrasos.

La Generalitat también quiere acelerar los traspasos de los aeropuertos secundarios: Reus, Girona y Sabadell al tiempo que se avanza en crear un consorcio de gestión compartida para el aeropuerto de Barcelona-El Prat. Ambos gobiernos se han fijado el mes de diciembre como fecha tope para avanzar en estos traspasos. En los partidos que apoyan el Gobierno catalán hay serias dudas sobre la voluntad del Ejecutivo central de desarrollar el Estatuto antes de las elecciones generales, algo que podrá comenzarse a ver en la reunión de la comisión bilateral del próximo 17 de julio.