Ciudadanos sin deberes cívicos

En su hábil campaña electoral Nicolas Sarkozy apeló con frecuencia al binomio derechos y deberes para enderezar la, a su juicio, deriva de la sociedad francesa. No concretó a qué deberes se refiere, pero puede sobreentenderse que se trata de obligaciones del ciudadano en la vida pública. Con malabarismo intencionado jugó con la sinonimia al utilizar indistintamente los términos deberes, responsabilidades, valores, que no resultan de deslinde fácil. Una de sus afirmaciones más reiterada y aplaudida ha sido la de que va a "rehabilitar el trabajo, la autoridad y el mérito". Una vez más la izquierda se ha dejado arrebatar la defensa de valores que ella misma podría encarnar con más legitimidad que la derecha. ¿Puede sostener alguien seriamente que en las democracias occidentales el trabajo, la autoridad y el mérito sean incompatibles con la redistribución social de la riqueza o amenacen revertir los logros en la universalización de la sanidad, la educación y las pensiones? ¿No es la tan pregonada tercera vía aunar precisamente valores éticos y valores sociales, compactados como virtudes cívicas en una democracia avanzada?

La reconstrucción moral después de la barbarie fascista se hizo a partir de 1945 en torno a la ética liberal y su máximo ideológico: el reconocimiento de los derechos humanos, plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 adoptada por las Naciones Unidas. La reconstrucción no estuvo exenta de ambigüedades y de equívocos. Aun así, los derechos humanos han alcanzado desde entonces un desarrollo prácticamente universal en su proclamación y en la institucionalización de su protección, penetrando en todos los ámbitos normativos e inspirando todas las reivindicaciones sociales. Sin duda, los derechos humanos y las libertades fundamentales constituyen uno de los dos pilares de la convivencia. El otro pilar, el de los deberes, se ha dejado suelto.

Este desequilibrio arranca del mismo momento fundacional del sistema de derechos humanos. En la Declaración Universal de 1948 se establece: "toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad" (artículo 29.1). Sin embargo, la cláusula no fue recogida posteriormente en la parte dispositiva de los textos elaborados por las Naciones Unidas, imbuidos ya de una concepción más individualista y garantizadora de los derechos, sugerida de mancomún por la derecha liberal y la socialdemocracia. Es cierto que no ha habido un olvido total del pilar deberes, pero no se ha definido y sistematizado ni con mucho como el pilar derechos. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, integrada en el Tratado Constitucional de 2004 y que actualiza en parte los derechos que figuran en el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, advierte en el preámbulo de que el disfrute de los derechos "implica responsabilidades y deberes tanto respecto de los demás como de la comunidad humana y de las generaciones futuras". Generoso enunciado, pero sin más valor que el de principio.

El vacío en la identificación declarativa de los deberes ciudadanos resulta explosivo en los tiempos de la exacerbación de los derechos individuales y del personalismo autista. A la esplendorosa luminosidad de los derechos humanos y personales se contrapone lo difuminado, sino la oscuridad de los deberes cívicos. Es más, la sensación de impunidad cívica por anomia de deberes explícitos constituye a la vez que un riesgo para la convivencia una amenaza creciente a la calidad de la democracia. A la larga no hay régimen democrático que pueda sostenerse sin la adhesión activa de la ciudadanía, pero, como señala el profesor Pedro Cerezo Galán, esta adhesión sólo se activará si es percibida como un deber ciudadano. Cuando en la democracia representativa, ni siquiera votar es un deber reconocido resulta fácil escudarse en el desencanto -sentimiento subjetivo- para ignorar las elecciones.

La nueva socialización de la comunidad requiere del urgente desarrollo de un sistema universal de deberes cívicos. ¿Esa tarea la impulsará inicialmente la derecha o la izquierda? Probablemente la primera, si la segunda no se desprende a tiempo de sus complejos históricos, entre ellos el de considerar que los deberes suponen un freno al goce de los derechos y al ejercicio de las libertades.

Jordi García-Petit es académico numerario de la Real Academia de Doctores.