El juez tramita el envío al TSJ del 'caso Alperi' por trato de favor a Ortiz

El aforamiento del alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, a raíz de su elección como diputado autonómico ha acarreado su primera consecuencia en el plano jurídico. El juez que investiga un supuesto trato de favor del regidor al contratista Enrique Ortiz ha iniciado el trámite para enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Alperi está además imputado en el desfalco de Mercalicante, caso que también irá al TSJ. La causa al alcalde de Torrevieja y diputado regional, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, por la venta de una finca correrá la misma suerte judicial.

Archivada la denuncia por dar a dos técnicos sin contrato la revisión del PGOU de Alicante

El titular del Juzgado número 8 de Alicante, que dirige la investigación por la adjudicación de tres aparcamientos subterráneos del Ayuntamiento al promotor Enrique Ortiz ha solicitado a las Cortes Valencianas que emita un certificado oficial sobre la condición de diputado autonómico del regidor, según confirmaron ayer fuentes oficiales del TSJ.

La inhibición del juez en favor del TSJ supone el inicio de la instrucción del sumario, cuyas diligencias comenzaron en septiembre de 2006 a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante. El ministerio público apreció los supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación, entre otros, en el modificado al alza del contrato inicial de los tres aparcamientos. Aparte del alcalde, hay otros cinco imputados, entre ellos, dos ediles más del PP, un funcionario, el empresario Enrique Ortiz y el jefe de división del grupo de empresas del promotor.

El juez instructor ya había tomado declaración a los seis, a los testigos propuestos por las partes y practicado diversas pruebas periciales.

Aparte de esa causa, Díaz Alperi también está imputado en el sumario por el supuesto desfalco de seis millones de euros descubierto en la contabilidad de la empresa pública Mercalicante, presidida por el regidor. La instrucción de esta causa, que dirige la titular del Juzgado número 1 de Alicante, Cristina Costa, se prolonga ya por espacio de cinco años. Este sumario, igualmente debido a la condición de diputado autonómico del imputado Luis Díaz Alperi también deberá remitirse al TSJ. No obstante ni de oficio ni a instancia de parte se ha producido ninguna incitativa para iniciar la inhibición en favor del TSJ, según informaron las mismas fuentes. La acusación pública en este caso la ejerce también el fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones.

Otro cargo público del PP imputado, cuya causa correrá la misma suerte judicial que la de Luis Díaz Alperi es el del alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, también elegido diputado autonómico. El regidor de Torrevieja está imputado por un supuesto delito de uso privilegiado de información y tráfico de influencias derivado de la compraventa de una finca rústica que en el espacio de dos años le reportó una plusvalía de 5,3 millones de euros.

Por otro lado, la Fiscalía de la Audiencia de Alicante ha acordado el archivo de la denuncia presentada por el partido Vecinos por Alicante contra el alcalde Díaz Alperi por supuesta revelación de secretos derivada de dejar en manos de dos arquitectos, sin contrato y ajenos la Corporación, los trabajos para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El fiscal-jefe, José Antonio Romero, señaló que "no hay indicios de delitos, ya que esos técnicos no han tenido acceso a ningún dato que no fuera de dominio público", precisó. Díaz Alperi tomó esta decisión tras despedir al redactor inicial del plan, el arquitecto Lluís Cantallops.

La Fiscalía de Alicante también ha archivado la denuncia del ex alcalde socialista de Catral, José Manuel Rodríguez, contra el Consell por supuesta apropiación de información para justificar la intervención del PGOU del municipio.