El PP confía en resolver el conflicto entre Camps y Arenas por el Estatuto andaluz

La dirección del PP está tratando de encontrar una vía intermedia en el conflicto interno abierto en el seno del partido entre dos dirigentes en principio cercanos, como el valenciano Francisco Camps y el andaluz Javier Arenas. La Generalitat valenciana ha anunciado su intención de recurrir ante el Constitucional la financiación que marca el Estatuto andaluz, defendido a capa y espada por Arenas, y ha abierto así una inesperada vía de agua en un partido siempre muy preocupado por su cohesión interna y "la coherencia del mensaje", en palabras de Ángel Acebes.

De momento, la dirección ha logrado que Camps se quede sólo en el anuncio. La Generalitat valenciana aguarda el informe del Consejo Consultivo, que se espera para esta misma semana. Acebes se aferró ayer a esa última instancia para tratar de esquivar una pregunta sobre un asunto tan incómodo que ni siquiera se trató en maitines, el lugar donde los dirigentes principales -aunque ayer no estuvo Arenas- discuten las cuestiones de fondo.

"Hay que esperar el informe. En cualquier caso, el recurso es sobre una cuestión puntual, y no sobre la inconstitucionalidad en su conjunto, como sucedió con el catalán", señaló Acebes para tratar de restarle importancia.

Sin embargo, el mismo día -el viernes- en que la Generalitat valenciana anunció su intención de recurrir, Arenas se apresuró a asegurar que el Estatuto andaluz "es plenamente constitucional" y recordó que el propio Camps así lo había defendido en su momento. Arenas dejaba así en evidencia que no pensaba dejar pasar sin un reproche la jugada de su compañero de partido.

Peso de la población

El texto que la Generalitat valenciana quiere recurrir está en la disposición adicional tercera del Estatuto andaluz, relativo a las inversiones, que señala: "1. El gasto de inversión del Estado con destino a Andalucía deberá garantizar de forma efectiva el equilibrio territorial, en los términos del artículo 138.1 y 2 de la Constitución. 2. La inversión destinada a Andalucía será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un período de siete años".

Este segundo punto, que según los servicios jurídicos de la Generalitat valenciana podría ser inconstitucional, fue una respuesta al Estatuto catalán, que obligaba al Estado a destinar a inversiones en Cataluña durante siete años una cantidad que represente al menos el mismo porcentaje el PIB español que se genera en Cataluña -el 18,5%-.

La Comunidad Valenciana ya ha recurrido el catalán, explican allí, y tendría sentido recurrir el andaluz por motivos similares. Camps también estuvo a punto de hacerlo con el aragonés, apoyado por el PP, por el asunto del agua, pero la dirección nacional del partido logró un punto intermedio. Ahora espera conseguirlo, aunque el Estatuto andaluz, al contrario de lo que sucedía con el aragonés, ya no se puede cambiar.