El Gobierno reabre la lucha contra la corrupción en los ayuntamientos

La lucha contra la corrupción será uno de los objetivos prioritarios de los nuevos ayuntamientos que se constituyeron el pasado sábado. El Gobierno quiere facilitar los instrumentos legales para que ese empeño sea más eficaz. El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, retomará esta misma semana las conversaciones con los partidos para aprobar antes de que acabe la legislatura la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. En su intento anterior, la crispación política le hizo desistir. Esta ley, junto con la recién estrenada Ley del Suelo, ofrecerá mecanismos de democratización municipal y medidas directas contra la corrupción. El ministro planteará propuestas para garantizar la financiación local, cuya insuficiencia ha abierto paso a las irregularidades.

Una vez pasadas las elecciones municipales y constituidos los nuevos ayuntamientos, el ministro de Administraciones Públicas se reunirá esta semana con la directiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y representantes de los partidos para tratar de sacar adelante, en lo que queda de legislatura, la reforma de Ley de Bases de Régimen Local, aparcada desde fines de año, en el arranque en el periodo preelectoral.

El primer problema de los ayuntamientos es su insuficiencia financiera, origen de numerosas irregularidades urbanísticas. Son numerosos los casos y han afectado a municipios como Marbella, Telde, Orihuela, Camas, Ciempozuelos o Andratx. En estas y otras localidades, empresarios de la construcción y la promoción inmobiliaria han pagado comisiones a miembros de los equipos municipales a cambio de tratos de favor.

Sevilla pretende, en la renegociación de la Ley de Bases con los partidos y la FEMP, introducir una cláusula específica que garantice la participación de los ayuntamientos en los ingresos de las comunidades autónomas. "Los ayuntamientos quieren que su financiación esté regulada por una ley del Estado y no depender de la voluntad de las comunidades autónomas", señala Sevilla.

Paralelamente, con motivo de la inminente negociación de la financiación autonómica entre todas las comunidades, Administraciones Públicas también pretende que la consiguiente reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) recoja y precise esta participación municipal en la ley de financiación autonómica. El ministro planteó la propuesta en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos de la pasada semana y fue tenida en cuenta por el vicepresidente económico, Pedro Solbes.

La participación municipal en los ingresos de las comunidades se justifica en que el 30% del gasto de las corporaciones corresponde al ejercicio de competencias propias de las comunidades, que en la práctica se ven obligados a ejercer los ayuntamientos. Sevilla está convencido de que su interlocutora del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, respaldará la propuesta, ya que coincide con la "segunda descentralización" -de las comunidades autónomas a los municipios- que en 2002 planteó José María Aznar, entonces presidente del Gobierno.

Además de garantizar la financiación a los ayuntamientos, Sevilla concede especial importancia, como instrumentos en la lucha contra la corrupción, a las medidas de democratización municipal y de control del poder, que recogerá la nueva ley, y que se complementarán con las de la Ley del Suelo, recién aprobada y que entrará en vigor a finales de mes. Los nuevos ayuntamientos contarán con estos instrumentos.

Así, la ley endurece las incompatibilidades de los concejales y las iguala a las de los miembros de las Administraciones central y autonómica. Los ediles, tras su cese, no podrán desempeñar durante dos años sus servicios en empresas privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo municipal. De este modo, se evitarían casos como el del concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Sigfrido Herráez, del PP, que al cesar en su cargo fichó a la semana siguiente como vicepresidente de una constructora. Herráez, a pesar de su polémica decisión, no conculcó la ley al no existir una legislación de incompatibilidades que afecte a los concejales.

Para combatir la corrupción se favorecerá la transparencia y serán los plenos municipales, y no los equipos de gobierno, los que aborden las licencias urbanísticas, las permutas de terrenos y los convenios urbanísticos entre promotores o propietarios y el Gobierno municipal. Esta medida se complementa con un registro de ediles tránsfugas que controlará Administraciones Públicas.

La Ley de Bases de Régimen Local amplía el control sobre el poder municipal con medidas como la concesión a la minoría de la oposición de la exigencia de responsabilidad política al gobierno municipal. De tal modo que, además de los concejales, tengan que responder en pleno o comisión, si la minoría lo requiere, los directivos de los organismos públicos y de servicios municipales. Los ciudadanos también podrán presentar alegaciones a todo tipo de ordenanzas municipales, con excepción de las fiscales, antes de que se aprueben en pleno.

La regulación de la iniciativa popular también figura en el proyecto de ley. Los ciudadanos podrán presentar propuestas de acuerdos o proyectos de reglamentos en materias de competencia municipal. Bastará con el 20% de la población de los municipios de hasta 5.000 habitantes. El texto recoge la posibilidad de la consulta popular ante asuntos de competencia municipal propia y de carácter relevante si bien requiere autorización previa de la mayoría del pleno y del Gobierno autónomo.