Diez causas penales, tres años en prisión

Hasta su ingreso, ayer, en la prisión de Martutene (San Sebastián), Arnaldo Otegi había demostrado gran destreza para eludir la cárcel. A lo largo de su vida, el portavoz de la ilegalizada Batasuna ha tenido que afrontar 10 causas penales, de las que sólo una (dejando a un lado la condena confirmada ayer por el Supremo) le había conducido a prisión por sentencia firme. En total, Otegi ha pasado en la cárcel tres años y tres meses, aunque en otras dos ocasiones (en 2005 y 2006) el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska lo había encarcelado por breves periodos de tiempo mientras reunía dinero para pagar enormes fianzas. Al líder de la izquierda aberzale aún le quedan seis procesos pendientes. El más grave, por pertenencia a banda armada, podría acarrearle otros 14 años de cárcel.

El tribunal dijo que había pruebas para encarcelarlo por el homenaje a Castresana

Marlaska lo procesó como dirigente de ETA, lo que podría acabar con 14 años de cárcel

Antes de dedicarse a la política, Arnaldo Otegi, alias El Gordo, fue miembro de ETA a sueldo de la organización. Como tal apareció en los papeles de la fábrica de Sokoa tras la histórica operación organizada por la policía francesa en noviembre de 1986. La noche del 8 de julio de 1987, Otegi fue detenido en el País Vasco francés y entregado a la Guardia Civil en la frontera de Irún (Guipúzcoa). Dos años después, la Audiencia Nacional lo condenó a seis años de cárcel por participar en el secuestro del empresario Luis Abaitúa, perpetrado en 1979. El 4 de octubre de 1990 salió de prisión tras cumplir tres años y casi tres meses de la pena que le fue impuesta.

El segundo delito por el que Otegi fue condenado, lo cometió el 26 de febrero de 2003. Durante una vistita de los Reyes a Euskadi, el portavoz de Batasuna, en comparecencia pública, calificó al Monarca como "el jefe de los torturadores" y juzgó "patético y lamentable" que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, quisiera sacarse una foto con él durante la inauguración de la planta energética Bahía Bizkaia. La fiscalía consideró que esas manifestaciones constituyeron un delito de injurias al Rey. Dos años después, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), competente al ser Otegi todavía parlamentario vasco por Euskal Herritarrok, lo absolvió.

La sentencia fue recurrida al Supremo que, el 5 de noviembre de 2005, lo condenó. La Sala razonó en su resolución que la libertad de expresión consagrada por la Constitución no amparaba "el derecho al insulto" ni "expresiones absolutamente vejatorias" como la que lanzó el líder abertzale contra el Rey. La baja pena (un año de cárcel) le permitió esquivar la prisión. Pero la sentencia se convirtió en una espada de Damocles: una más e iría a prisión.

Esta situación pudo haberse dado el pasado 22 de marzo, cuando la Audiencia Nacional lo juzgó por enaltecimiento del terrorismo al participar, el 24 de julio de 2001, en el homenaje a la etarra Olaia Castresana -que murió al estallar la bomba que manipulaba- en el cementerio de San Sebastián. En ese acto, Otegi pidió un aplauso para "todos los gudaris [soldados] que han caído en esta larga lucha por la autodeterminación". El juicio, en contra del criterio del fiscal, se señaló para el pasado 22 de marzo y Otegi no se presentó alegando problemas con el temporal de nieve que ese día afectó a la mitad de la Península. El tribunal ordenó detenerlo y conducirlo en avión a la Audiencia para iniciar el juicio, que terminó en absolución después de que el ministerio público retirara la acusación. Los magistrados se quejaron en su sentencia de la actitud del fiscal y aseguraron que había indicios suficientes para condenarlo.

Otra causa por enaltecimiento fue archivada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska el pasado abril por idéntico motivo, pero aún queda abierta una tercera por su participación en 2005 en un acto de homenaje al etarra José María Sagarduy que se celebró en Amorebieta (Vizcaya).

Pero el proceso que más quebraderos de cabeza puede causar a Otegi es el abierto por Baltasar Garzón contra el entramado ETA-Batasuna en el que se acordó la suspensión de las actividades de la formación abertzale el 26 de agosto de 2002 por considerar que formaba parte de la organización terrorista. En el marco de ese sumario, Fernando Grande-Marlaska (en ese momento sustituto de Garzón) procesó al líder de la formación ilegalizada como dirigente de ETA y decretó su prisión provisional en junio de 2005. El portavoz de Batasuna pasó dos días en la cárcel de Soto del Real hasta que sus familiares abonaron una fianza de 400.000 euros. El Código Penal prevé para este delito una pena de hasta 14 años de cárcel.

La supuesta labor como jefe terrorista que le imputa Grande-Marlaska lo llevó de nuevo a prisión provisional el 29 de marzo de 2006 como inductor de los actos de violencia callejera que se produjeron en el País Vasco tras la huelga general decretada por la izquierda abertzale el 9 de marzo de ese año para protestar por la muerte de los presos etarras Igor Angulo (apareció ahorcado en su celda) y Roberto Sainz (sufrió un ataque al corazón). Su fianza se incrementó en 250.000 euros, lo que lo mantuvo en la cárcel durante nueve días mientras sus allegados consiguieron reunir la suma.

Sin embargo, ha sido un delito de opinión el que lo ha llevado condenado a la cárcel. Arnaldo Otegi Mondragón, presunto dirigente de ETA según los jueces, pasará 15 meses en prisión por llamar a la lucha armada y alabar la figura de Argala, un miembro de la banda fallecido hace 30 años.