Recta final

Se acerca la hora en la que el juicio del 11-M quede visto para sentencia, y algunas de las partes presentes en el proceso -en concreto, los abogados de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, los de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y los de otros dos afectados- parecen obstinarse en seguir alimentando las sospechas sobre la investigación policial y el desarrollo de la causa. Lejos de reconocer que se trata de una impecable actuación contra el yihadismo, que ha hecho que España sea uno de los pocos países golpeados por este tipo de terrorismo que ha conseguido sentar a 19 sospechosos en el banquillo, se esfuerzan en vano por poner en entredicho el sumario y la vista oral.

Estos letrados han actuado alterando gravemente la lógica del proceso, confiando en que así lograrían imponer una imagen del juicio favorable a sus intereses, que coinciden con los de quienes han venido alimentando durante tres largos años el bulo de la conspiración. Han vestido las togas como acusación particular, pero, en realidad, han tratado de servirse de ellas para hacer algo tan insólito como ofrecer coartadas a los presuntos terroristas y acusar, en cambio, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado; en ningún caso para defender los intereses de las víctimas, que es la razón por la que estaban personados en el juicio.

Entre las múltiples dudas que han pretendido sembrar durante la recta final destaca la de los explosivos. Mientras los peritos de parte han hecho esfuerzos para mantener abierta la ambigüedad, los expertos de la policía y de la Guardia Civil han venido a poner las cosas en su sitio. Por más sensacionalismo que se derroche sobre el asunto, nadie ha podido acreditar que los explosivos usados en los atentados de Madrid fueran los mismos que utiliza la banda terrorista ETA; lo que se ha acreditado es exactamente lo contrario. Con el añadido de que, como señaló uno de los peritos, el análisis de la sustancia que explotó no puede elevarse a la categoría de prueba concluyente cuando todas las demás apuntan a los acusados, nunca a ETA.

Los escritos de conclusiones presentados por estos letrados serían simples y extemporáneas elucubraciones acerca de ETA si, por otra parte, no contuvieran calumniosas acusaciones contra las fuerzas y cuerpos de la Seguridad del Estado, de los que se insinúa que estuvieron detrás del 11-M. Por descontado, se trata de escritos de conclusiones contrarios a cualquier deontología en el ejercicio del derecho. Pero faltaría por saber si, además, son perseguibles de oficio o a instancia de los profesionales a los que vaga pero insidiosamente se quiere responsabilizar de 191 asesinatos.