La Fiscalía de Sevilla alerta del uso político de las denuncias a alcaldes

La Fiscalía de Sevilla sólo vio indicios de delito en el 28,9% de las denuncias por prevaricación presentadas en 2006 contra alcaldes u otros cargos municipales. El Ministerio Público tramitó el año pasado 32 denuncias por prevaricación en Ayuntamientos de la provincia, pero sólo consideró oportuno interponer denuncia en siete casos.

La fiscal jefa de Sevilla, María José Segarra, llamó ayer la atención sobre el "notable uso" de la denuncia ante la Fiscalía que hacen los partidos políticos y subrayó que no consta ni un sólo caso en el que los denunciantes hayan decidido acudir a los tribunales cuando se les ha notificado el archivo del fiscal. Según Segarra, éste es "un dato sugerente" de la "escasa convicción que guiaba la denuncia ante la Fiscalía" y permite deducir que la mera interposición de la denuncia en el Ministerio Público ya aporta a los denunciantes "suficiente rentabilidad". La fiscal jefe atribuyó el incremento de denuncias por prevaricación municipal a "cierta tendencia" de llevar la vida política a los tribunales combinado con que 2006 fuera año preelectoral.

Segarra presentó ayer la memoria de 2006 de la Fiscalía sevillana, que refleja un incremento del 74% en las diligencias de investigación abiertas (de 496 en 2005 a 864 en 2006). La fiscal jefe volvió a insistir en las "carencias" de medios informáticos para poder hacer frente al volumen de trabajo, que se incrementa cada año. Esta falta de medios la padecen especialmente los fiscales especializados en violencia de género, según la memoria anual.

Sobre el trabajo de estos fiscales Segarra destacó el aumento de las diligencias abiertas por maltrato ocasional: 3.641 en 2006, frente a los 885 casos investigados en 2005. "No es aventurado valorar que las mujeres están empezando a denunciar este tipo de maltrato", señaló la fiscal, quien advirtió de que esta tendencia se observa sobre todo entre las mujeres jóvenes, de entre 25 y 40 años.

Segarra anunció ayer también que ha decidido no volver a proponer a Luis Carlos Rodríguez León como coordinador provincial para los delitos de Medio Ambiente y Urbanismo. En su lugar, ha propuesto el nombramiento para este cargo del fiscal Javier Rufino. Rodríguez León, que es también el coordinador de los fiscales medioambientales andaluces, ha pedido el cambio de sección tras conocer la decisión de Segarra.