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Cuando la maltratada retira la denuncia

El 37% de los casos de violencia sexista que retira la fiscalía se debe a que la víctima se niega a declarar contra su agresor - El Gobierno estudia eliminar esta "dispensa familiar"

En una de las peores semanas para la violencia sexista en España -en la que han muerto una media de una mujer al día entre el lunes 28 de mayo y ayer-, el Gobierno ha reconocido problemas en la aplicación de la regulación contra este tipo de agresiones. "Su aplicación debe ser mejorada sin ninguna duda, tanto desde el punto de vista de la eficacia jurisdiccional como de la eficacia en la protección", manifestó el ministro de Asuntos Sociales, Jesús Caldera. El titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, resaltó la necesidad de hacer "un verdadero diagnóstico" de cada situación para establecer la protección necesaria caso por caso. Este año han muerto 32 mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas.

Una mujer pone una denuncia ante la policía contra su marido por malos tratos. Al día siguiente, tiene que declarar ante el juez de instrucción. En ese momento pueden ocurrir varias cosas. Una, que ella diga que quiere retirar los cargos contra el presunto agresor, lo que ocurre en un 16% de los casos, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Lo hacen unas 25.000 mujeres cada año. Las razones pueden ser varias: miedo, haber perdonado al agresor, desear reanudar la relación con él.

Una mujer pone una denuncia ante la policía contra su marido por malos tratos. Al día siguiente, tiene que declarar ante el juez de instrucción. En ese momento pueden ocurrir varias cosas. Una, que ella diga que quiere retirar los cargos contra el presunto agresor, lo que ocurre en un 16% de los casos, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Lo hacen unas 25.000 mujeres cada año. Las razones pueden ser varias: miedo, haber perdonado al agresor, desear reanudar la relación con él.

Una segunda posibilidad es que quiera seguir adelante, con mayor o menor convicción. En este caso, lo primero que escucha del juez es que, si quiere, puede no declarar contra su agresor. Así lo dispone la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 416. Una norma que data de 1882 y que exime a los testigos de declarar contra determinados parientes -como padres, hermanos y cónyuge-. Este artículo, que se aplica también, por analogía, a parejas de hecho, pretende proteger así los vínculos de solidaridad familiar.

Tanto en el caso de que la mujer retire la denuncia como en el supuesto de que se acoja a su derecho a no declarar, el procedimiento puede continuar de oficio y el fiscal puede mantener los cargos. Pero para que esto ocurra se necesitan pruebas. "Si no las hay, sólo queda el sobreseimiento provisional, y el problema es que muchas veces no hay nada más que la declaración de la víctima", señala Montserrat Comas, presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. "Cuando hay un parte de lesiones u otros indicios, se continúa con el procedimiento. Pero en el caso de la mujer fallecida en Vitoria el sábado, por ejemplo, la mujer retiró la denuncia y el fiscal se quedó sin testigo, que es la prueba estrella en estos casos. No había otras pruebas".

Problema de prueba

En el acto de juicio, vuelve a producirse la misma situación. El juez tiene que decirle una vez más a la víctima que, según la ley, no tiene que declarar contra su agresor. En 2007, en el 37% de los casos en que los fiscales retiraron la acusación por violencia de género la razón fue precisamente que la víctima se acogió a la dispensa del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Una vez más, el problema son las pruebas. Aunque, asociaciones de mujeres como Themis insisten en la obligación de jueces y fiscales de seguir investigando a pesar de que las mujeres retiren la denuncia o no quieran declarar. La presidenta de Themis, Altamira Gonzalo, insistió ayer en que, en el polémico caso de Vitoria, "el agresor estaba denunciado y, por tanto, tenían que haber averiguado su grado de peligrosidad y haber puesto en marcha una serie de medidas de protección aunque la víctima hubiera retirado la denuncia".

El Gobierno está estudiando modificar la ley para que las víctimas de malos tratos tengan la obligación de declarar. Pero no han tomado una decisión definitiva al respecto, según fuentes del ministerio de Justicia. En la reciente tramitación de la Ley de Igualdad el Gobierno intentó incluir esta reforma legal, pero no recabó en el Senado los suficientes apoyos parlamentarios. La modificación es polémica. Los detractores entienden que puede ser contraproducente y provocar que las mujeres, a las que cuesta tomar la decisión de denunciar, dejen de hacerlo si saben que van a estar obligadas a declarar. Por otro lado, se plantean qué ocurriría con las mujeres que decidieran no declarar a pesar de estar obligadas por la ley.

La fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Soledad Cazorla, opina que esta dispensa familiar decimonónica no encaja en los casos de malos tratos. "No tiene ningún sentido cuando el testigo es, además, víctima de un delito. Imaginemos el caso de un hombre que viola a su sobrina. ¿Debemos proteger aquí los lazos familiares?". Cazorla insiste en los problemas de prueba que acarrea para los fiscales la dispensa familiar. "No hay que olvidar que se trata de un delito peculiar, con relaciones familiares de por medio, y la mujer suele bajar la guardia. No imagina que su compañero, el padre de sus hijos, pueda llegar a matarla, y por lo tanto a veces decide no declarar. No es consciente del riesgo que corre".

El abogado madrileño Fernando Bejerano opina que es necesario que se elaboren estudios para investigar las razones de que las mujeres no declaren. "Modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal está bien porque lo que queremos es que no se caigan los procedimientos por falta de pruebas, pero hay que ir más allá. Tenemos que pensar qué es lo que no les estamos dando a las víctimas para que deseen volver a un entorno de agresión. Sólo conociendo las causas podremos tocar otros aspectos de la legislación o mejorar la protección".

Justicia admite que se debe mejorar el diagnóstico y la evaluación del riesgo

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, indicó ayer que es necesario hacer "un verdadero diagnóstico" de las situaciones de riesgo en los casos de violencia de género para determinar la protección necesaria en cada situación, porque no se puede proteger a todas las mujeres de la misma forma. "Hay que hacer un análisis de los supuestos de muerte en profundidad, porque nos va a ayudar a afinar en algo que es la gran preocupación y que es el diagnóstico de las situaciones de riesgo, porque no se debe utilizar el mismo aparataje y la misma técnica de persecución y protección ante situaciones de riesgo diferentes", señaló.El ministro hizo estas declaraciones a raíz del caso de A. V. la mujer fallecida el sábado en Vitoria tras ser apuñalada por su marido. La víctima había retirado la denuncia por maltrato psicológico presentada en el mes de diciembre.El ministro defendió la Ley Integral contra la Violencia de Género aprobada en diciembre de 2004 y aseguró que se necesita tiempo para acabar con un mal tan enraizado. "La ley está sirviendo en la medida en que las cifras no son las que eran y sobre todo hay una enorme sensibilización que no existía", añadió.La fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Soledad Cazorla, coincide en la necesidad de mejorar en la valoración del riesgo que corre cada víctima. "La violencia de género es una cuestión compleja y cada mujer maltratada necesita un traje a medida. Son necesarias unidades de valoración de riesgo, pero formadas no por jueces y fiscales sino por expertos que determinen lo que es necesario hacer en cada caso para proteger a la víctima".El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, también defendió ayer la ley pero hizo una cierta autocrítica. "El Gobierno intensificará la aplicación de las normas", señaló. "Creo que todo el mundo coincide en que la ley es necesaria y su aplicación de be ser mejorada, sin ninguna duda. En ello estamos tanto desde el punto de vista de la eficacia jurisdiccional como de la eficacia en la protección".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 5 de junio de 2007

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