El Gobierno aplaza la ley audiovisual para adaptarla a la 'Televisión sin fronteras'

dLa segunda parte de la reforma diseñada por el Gobierno hace dos años para regular el sector de la radio y la televisión no verá la luz en esta legislatura. Tanto la Ley General Audiovisual como la Ley de creación del Consejo de Medios Audiovisuales han sido congeladas. Con el calendario en la mano, el Ejecutivo alega que no queda tiempo para tramitarlas y que su intención es incorporar a la nueva ley la directiva sobre Televisión sin fronteras que está elaborando la Unión Europea. Además, no quiere abrir enfrentamientos con los operadores de televisión.

El gran plan para abordar la reforma del sector audiovisual, aquejado de una caótica regulación legislativa, fue aprobado por el Consejo de Ministros en junio de 2005. Pero sólo se han cubierto la mitad de los objetivos. El Parlamento respaldó ese mismo año un paquete de medidas para impulsar la televisión digital terrestre (TDT) y en 2006 dio luz verde a la reestructuración de RTVE. En la recámara quedan todavía la Ley General Audiovisual y la Ley de creación del Consejo de Medios Audiovisuales.

La palabra mágica es "consenso". Los prolegómenos del proyecto de ley del cine, aprobado finalmente por el Consejo de Ministros el pasado viernes, generaron un abierto enfrentamiento entre el Ministerio de Cultura y las televisiones, que Moncloa no quiere que se reproduzca con la ley audiovisual. El Ministerio de Industria, encargado de tramitar la reforma, ha debatido con los operadores varios anteproyectos de ley en los últimos dos años. Ambas partes han acercado posturas sobre algunos aspectos polémicos, como la obligación que se imponía a la televisiones de emitir su programación en al menos dos lenguas cooficiales del Estado.

"Es una ley que requiere mucho trabajo", explican fuentes del Gobierno para justificar las demoras. No obstante, añaden que en el objetivo de alcanzar el máximo consenso con el sector "se ha avanzado bastante".

Pero el tiempo se le ha echado encima al Ejecutivo, que ya da por descartada la posibilidad de sacar adelante en esta legislatura (ni siquiera por el procedimiento de urgencia) ambas normas. Además, su objetivo es aprovechar la Ley General Audiovisual para transponer la nueva directiva comunitaria sobre Televisión sin Fronteras que los Veintisiete tienen previsto aprobar antes del verano.

Este texto modifica de manera importante aspectos sobre la emisión de publicidad en televisión (regula el patrocinio y el número de veces que pueden cortarse los programas para emitir anuncios, entre otros) y recomienda a todos los Estados que creen una autoridad reguladora independiente con competencias para otorgar licencias, velar por el cumplimiento de las obligaciones de las televisiones y aplicar sentencias si se vulneran las normas.

Una maraña de leyes

La Ley General Audiovisual persigue plasmar en un sólo texto la maraña de normas y reglamentos (en torno a una docena) sobre el sector, mientras que la Ley de creación del Consejo de Medios Audiovisuales servirá para situar a España en el mapa europeo, ya que es uno de los pocos países de la UE que carecen de un organismo independiente encargado de supervisar el sector. Un anteproyecto de esta ley ha superado incluso el trámite del Consejo de Estado, pero sigue sin obtener la luz verde.

Pese a que el Gobierno aspira a alcanzar el máximo acuerdo político, las fuerzas parlamentarias están divididas. Las minorías nacionalistas exigen que las televisiones estén obligadas a ofrecer en versión doblada o subtitulada en al menos dos lenguas cooficiales una buena parte de la programación que se emita en las comunidades con lengua propia.

Tampoco hay acuerdo sobre la necesidad de crear un Consejo Audiovisual. El PP es especialmente receloso, hasta el extremo de que ha revocado el órgano regulador en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, existen otras voces a favor. Una de ellas es la del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, que considera "imprescindible" el nacimiento de esta autoridad independiente.

En el informe de este año, el Defensor del Pueblo reclama la "inmediata" puesta en marcha de un organismo regulador que actúe contra los "reiterados incumplimientos en la programación y en la publicidad de las cadenas de televisión, tanto públicas como privadas". A juicio de Múgica, esta figura contribuiría a garantizar los derechos de los espectadores y, especialmente, de los menores.