Cámaras policiales

El vídeo de la agresión de dos agentes femeninas de los Mossos d'Esquadra a una detenida en la comisaría barcelonesa de Les Corts ha vuelto a sacudir las agitadas aguas de la policía autonómica catalana. Las imágenes confirman lo que el consejero de Interior, Joan Saura, temía cuando ordenó instalar cámaras ocultas en aquellas dependencias policiales: que los malos tratos existen. De momento, se han constatado dos casos y Saura ha anunciado que hará realidad dentro de un año la recomendación de Álvaro Gil Robles, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa: la instalación de cámaras en todas las dependencias de la policía autonómica, una saludable práctica que debería extenderse a todos los cuerpos policiales. Así lo certifican los vídeos del caso Roquetas, en Almería, inicialmente ocultados, que mostraron la agresión de la Guardia Civil a Juan Martínez Galdeano, en julio de 2004.

Algunos sindicatos policiales opinan que los mossos son víctimas de un "linchamiento mediático", término con el que se refieren a la difusión de imágenes en las que unos agentes faltan a su deber de escrupuloso respeto a la ley. El Partido Popular, en sede parlamentaria, no ha considerado desproporcionados los malos tratos a un detenido el pasado mes de marzo en la comisaría de Les Corts, algo que parece más propio de una derecha de otro tiempo, dispuesta a exculpar los abusos policiales. CiU evita pronunciarse sobre estas mismas imágenes y hace soflamas patrióticas para encubrir espurios intereses corporativos y políticos: no en vano, el pecado original de los mossos y su formación arranca de los gobiernos de Pujol. Fue entonces cuando por sectarismo nacionalista se quiso evitar el trasvase de funcionarios de los cuerpos del Estado a la policía autonómica -algo que no ha sucedido, por ejemplo, con los cuerpos de profesores- y se optó, además, por un modelo que desincentivaba el arraigo en el territorio: la antigüedad se convirtió en el único criterio para obtener un destino cerca del domicilio del agente.

La oposición al tripartito, más allá de pedir la dimisión de Saura, no parece dispuesta a entonar el mea culpa por las insuficiencias del modelo policial catalán. El Gobierno de la Generalitat -con los sindicatos de mossos en pie de guerra- se resiste a coger el toro por los cuernos, a pesar de sus meritorias iniciativas para hacer cumplir la ley en las comisarías. Los mandos policiales siguen siendo los mismos que en las épocas de CiU, y se impone un cambio. El Departamento de Interior prepara, aseguran, una reestructuración mientras se anuncian manifestaciones de agentes para defender la honorabilidad del cuerpo. Sea como fuere, ni unos ni otros deberían perder de vista que la prioridad es garantizar los derechos de los ciudadanos.