La Xunta actúa en O Grove contra una urbanización en suelo rústico

Un expediente urbanístico resuelto por la consellería de Política Territorial el pasado mes de abril, concluye que la promotora Improin, SL, no sólo pretendía vender ilegalmente 52 chalés adosados sino que además la empresa segregó para ello la parcela calificada como zona rústica, que incumple de forma flagrante la normativa que recoge la ley de suelo.

En un lugar privilegiado de la playa de Balea, en San Vicente do Mar de O Grove, se erige una polémica urbanización conocida como Raeiros. Construidos en costado, los chalés se agrupan en 4, 5 y 6 viviendas, con una licencia municipal que fue denunciada por el BNG y paralizada por la Xunta hace ahora un año.

La licencia dio origen a todo tipo de comentarios por su situación privilegiada a escasos cien metros del litoral. Las acusaciones de "pelotazo urbanístico" se avivaron en las últimas horas cuando trascendió la entrada en el ayuntamiento de O Grove, el pasado miércoles, de agentes de Delitos Urbanísticos que solicitaron documentos relacionados con este licencia urbanística.

Aunque fuentes de la investigación restaron trascendencia a la presencia de la Guardia Civil en el consistorio, sí confirmaron que los documentos requeridos fueron solicitados por la propia Fiscalía de delitos urbanísticos, que abrió una investigación sobre la actuación de la alcaldía en relación con la licencia.

Los documentos intervenidos estarían relacionados con la firma de fin de obra o licencia de ocupación que habría extendido el actual alcalde popular en funciones, días antes de las elecciones, según indicaron fuentes próximas al caso que por el momento no ha sido judicializado.

Chalés individuales

La sospechosa construcción de esta zona residencial llevó a Política Territorial a incoar un expediente de reposición de la legalidad el pasado año. Ahora, y una vez resuelto por los técnicos, la consellería ordenó a la empresa ajustarse a la licencia de edificación concedida en su día para aparthotel y no para chalés individuales que, además, pretendía vender como acciones o participaciones. Una maniobra que impediría al comprador ser propietario real de la vivienda.

Además, la Xunta instó a la promotora a restituir la parcela de terreno rústico a su estado original, que había sido segregada para poder vender los chales adosados, incumpliendo la autorización autonómica que se le había concedido. En la misma resolución, Urbanismo comunicó también al registró de la propiedad de Cambados la imposibilidad jurídica de parcelar o dividir este terreno. La conselleira María José Caride recordó ayer que su departamento interviene "para hacer cumplir la legalidad", independientemente de las investigaciones de ámbito penal que pueden desarrollarse en otras instancias. Caride insistió en que "no en todos los concellos hay síntomas de corrupción".